El concejal Yeiner Osorio Ariza, ahora en la oposición, ha logrado mayor visibilidad en su gestión en tan solo cinco meses que durante su periodo anterior como parte de la coalición de gobierno (2012-2015) bajo la alcaldía de Rafael Ricardo Ceballos Sierra. Una de sus iniciativas más destacadas en el reciente Plan de Desarrollo es la propuesta de saneamiento predial de las invasiones en el distrito de Riohacha, muchas de las cuales llevan años sin ser legalizadas.
Esta propuesta de Osorio Ariza busca solucionar un problema histórico del distrito, permitiendo que muchos poseedores, algunos de los cuales han fallecido sin ver cumplido su sueño de tener una propiedad legalmente reconocida, puedan finalmente obtener sus escrituras. De llevarse a cabo, esta medida desbloquearía el desarrollo de la ciudad y ofrecería seguridad jurídica a numerosos ciudadanos.
Yeiner ha destacado que se apegó a la Ley 2044 de 2020, la cual facilita la legalización de asentamientos humanos urbanos. Este fue el último punto que solicitó incluir en el plan de desarrollo. En Riohacha, existen 134 barrios, de los cuales aproximadamente 68 se encuentran en situación de ilegalidad o informalidad habitacional.
Según un estudio realizado por Yeiner, el 51 por ciento de los barrios de Riohacha están en una situación ilegal, la mayoría de los cuales surgieron a través de invasiones y fueron adquiridos sin el consentimiento del propietario del terreno. Este fenómeno ha caracterizado el crecimiento de Riohacha, con muchas viviendas y edificaciones en el centro de la ciudad que, a pesar de tener más de 100 años, no poseen legalidad o presentan una falsa tradición de propiedad.
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También señaló que "uno de los problemas más críticos de esta ciudad es el conflicto de tierras, lo cual impide el crecimiento ordenado. La presencia de numerosos barrios en las cabeceras urbanas dificulta el acceso de estos asentamientos a servicios públicos domiciliarios y fundamentales para el mínimo vital".
Cada asentamiento alberga en promedio alrededor de 150 familias. Multiplicando esta cifra por los 68 asentamientos ilegales, se estima que casi 9,000 familias, unas 45,000 personas, viven en esta situación. Esto representa aproximadamente el 25 por ciento de la población oficial de Riohacha, que según el DANE y el PDD, es de 195,000 habitantes.
Estas 45,000 personas, que viven en condiciones de hacinamiento en la ciudad, constituyen el 33 por ciento de la pobreza multidimensional. Este porcentaje, sumado a la pobreza en los barrios y la zona rural, alcanza un 75 por ciento en pobreza multidimensional y bajo nivel de vida.
Estas cifras demuestran que estas 45,000 personas que residen en barrios hacinados carecen de acceso a servicios públicos, y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Además, muchas viviendas en barrios con cierta legalidad aún no han sido compradas formalmente al distrito por sus ocupantes.
Los barrios beneficiados con este proyecto son: Los Trupillos, Villa del Sol, Villa Yolima, Villa Jaime, Nueva Jerusalén, Brisas del Mar, Las Mercedes, La Mano de Dios, Provincia de Padilla, 1 de Marzo y 2 de Marzo, Villa Victoria, Los Cerezos, 11 de Enero, 6 de Enero, Villa Brazil, Villa Geneco, La Oportunidad, Hugo Zúñiga, 2 de Febrero, Los Almendros, 31 de Octubre, Edinson Deluque Pinto, Villa de Campo Alegre y Villa Ziruma.
Yeiner también mencionó que entre los barrios afectados se encuentran: Nuevo Milenio, Nuevo Faro, La Paz, El Faro, Los Mangos, Aeropuerto, Villa Keiner, Barrio Caribe, 20 de Junio, Villa Campo Alegre, La Bendiciones de Dios, 12 de Marzo, El Triunfo, Brisas del Norte, Protrerito, Villa Deseos, Jorge Pérez, Cooperativo, Majayura II y Nuevo Horizonte, entre otros. Ahora, es responsabilidad del alcalde asignar los recursos necesarios para que este proyecto se haga una realidad para los riohacheros.
Es importante destacar que, para que esta iniciativa se materialice, el Distrito debe primero firmar un convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta entidad es la encargada de producir el mapa oficial, la cartografía básica y de elaborar el catastro de la propiedad inmueble.
En el marco de este convenio, el IGAC deberá llevar a cabo la actualización catastral, que incluye la nomenclatura y estratificación de los predios existentes en la ciudad. Además, se debe contratar la realización de las nomenclaturas de las viviendas que lo necesiten en la capital de La Guajira.
