APP ruta Magdalena Sierra Mar: ¿del mismo cuero salen las correas?

Un proyecto de inversión pública  “vincula recursos públicos para resolver problemas o necesidades sentidas de la población” (DNP). En este orden, la solución de la conexión Ciénaga-Barranquilla es una necesidad indiscutible,  pero no a cualquier costo. El uso de recursos públicos debe ser eficiente. Pero, esto no se observa en el contrato APP-001-2023 Ruta Magdalena Sierra Mar. Todo lo contrario, se percibe un interés por facilitarle al contratista el aspecto económico a expensas de los recursos del departamento. La estructuración de este contrato como Alianza Público Privada, en lugar de como obra pública se puede calificar de malversación. No satisfechos con esto, el gobierno anterior decidió ejecutar dicho contrato mediante unidades funcionales (UU.FF), cuyo objeto es dar liquidez a los proyectos. Así, el contratista con la modalidad de APP y el mecanismo de UU.FF, tiene todo resuelto: asegura un jugoso contrato a 30 años, cuya ejecución podría financiar con la ayuda de las UU.FF. Como dirían nuestros viejos “del mismo cuero salen las correas”.

Transcurridos varios meses desde la adjudicación del contrato APP-001-2023, ni el gobierno anterior ni el actual -que para efectos políticos son lo mismo-, han explicado por qué esta solución no se contrató mediante Obra Pública. Deducido el mantenimiento del corredor desde el 2018 (año en que el contratista del Plan Vial del Norte debió obtener su retribución según contrato 229/2006) hasta el 2023, el recaudo acumulado del peaje Ciénaga-Barranquilla, debería aproximarse a los $800.000 millones. Con estos recursos en caja y un costo de $892.000 millones de la ampliación tramo Tasajera-Palermo (según contrato APP-001-2023) ¿Qué necesidad había de contratar una APP que compromete el recaudo de peaje por 30 años? Tampoco han explicado estos gobiernos cómo este mismo contratista que por ejecutar las obras del contrato 229/2006 obtuvo un ingreso esperado que a pesos del 2023 equivale a $1.3 billones, le retribuirán $6.3 billones. Los magdalenenses pagarán 4 veces más en la APP-001-2023 por ejecutar menos cantidades de obra que en el contrato 229/2006.

Las UU.FF, son un concepto introducido al régimen de contratación de infraestructura vial en Colombia mediante el decreto 1467/2012 e implementado a partir de los proyectos de carreteras 4G. Las UU.FF, permiten la división de un proyecto en tramos/etapas para su ejecución y retribución. Este mecanismo es empleado cuando no hay flujo de caja para cubrir la ejecución de la obra, lo cual obedece a que la retribución del contratista depende de peajes que no han iniciado recaudo. ¿Por qué utilizar este mecanismo? Lo explican los beneficios que esto le generaría al contratista como el que dentro de los primeros 30 días hábiles y, sin haber movido un grano de arena, tendrá derecho al primer desembolso de los recursos acumulados en la subcuenta Unidad Funcional 0 desde la firma del Acta de Inicio (Cap/IV/Contrato/APP-001-2023).

Otra duda frente a la implementación de UU.FF es el trámite de la licencia ambiental. El área de influencia del   proyecto es un área que para su intervención requiere previamente Licencia Ambiental. ¿Cuánto tiempo tomará la gestión de esta licencia y cuánto costarían los probables retrasos? Si, según la Parte General del contrato APP-001-2023, para cada UU.FF “se creará una subcuenta a la cual se girarán los recursos correspondientes al valor tasado para cada una” […] y “Los rendimientos de las operaciones que se efectúen con cargo a los recursos de esta subcuenta acrecentarán la misma”, ¿adónde pararían estos rendimientos si los trámites de licencia demoran?

Si el plazo de construcción de la obra es de 5 años y el trámite de licencia ambiental requerirá al menos 2 años, descontado el mantenimiento estipulado el recaudo de peaje alcanzaría el $1 billón. Si a esto le sumamos el dinero acumulado que debería estar en cuenta desde del 2018, se confirmaría que la contratación de esta obra mediante APP, es injustificable.

Que lo gobiernos del “cambio” mantengan un silencio ensordecedor por este contrato, no asombra. Lo que resulta incomprensible es que en el Magdalena no existan dolientes entre organizaciones gremiales, líderes políticos y entes de control, que manifiesten interés en estudiar los términos de esta contratación. Olvidan que el cuero de donde salen estas correas es de los magdalenenses.