El Ministerio de Comercio abrió a comentarios un proyecto de decreto que modificaría las reglas para Airbnb, Booking y otros servicios de alojamiento en línea, con el fin de reforzar la formalidad y el control del sector turístico.
El Gobierno Nacional avanza en la socialización de un proyecto de decreto que plantea cambios significativos para las plataformas digitales de hospedaje que operan en el país. La propuesta busca establecer un marco regulatorio más estricto que permita identificar y vigilar a quienes ofrecen alojamientos por aplicaciones como Airbnb, una actividad que en los últimos años ha crecido sin mayor supervisión estatal.
De acuerdo con el borrador conocido, el objetivo central es fortalecer la formalidad del sector turístico mediante la exigencia de que todos los anfitriones y operadores digitales cuenten con el Registro Nacional de Turismo al día. Este proceso incluiría nuevas verificaciones y cruces de información entre las plataformas y el Ministerio de Comercio.
La iniciativa se encuentra todavía en etapa de observaciones, lo que permite que gremios, empresas tecnológicas y ciudadanos presenten aportes antes de que el documento se convierta en norma definitiva.
Nuevas obligaciones para plataformas y anfitriones
El proyecto contempla que las plataformas asentadas en el exterior deberán implementar mecanismos que permitan validar, en tiempo real, que los alojamientos anunciados en Colombia tengan un RNT vigente. Esto implicaría interoperabilidad con las bases de datos del Gobierno y cámaras de comercio, un cambio sustancial frente al sistema actual, que es de carácter declarativo.
Para los anfitriones, la medida representaría la obligación de actualizar su registro y cumplir requisitos adicionales antes de ofrecer servicios en línea. El Gobierno sostiene que este paso es clave para combatir la informalidad y garantizar condiciones más equilibradas frente a los establecimientos hoteleros tradicionales.
Sin embargo, distintos actores del sector han pedido que la entrada en vigencia del decreto tenga un periodo de transición razonable, pues la implementación inmediata podría generar dificultades en plena temporada alta de turismo.
Preocupaciones y apoyos del sector turístico
Gremios hoteleros y agencias de viaje han respaldado la intención de depurar el sector, argumentando que la informalidad genera competencia desleal y afecta la calidad del servicio turístico. Aun así, piden ajustes técnicos que faciliten el cumplimiento y eviten que pequeños operadores queden por fuera del mercado.
Por otro lado, empresas tecnológicas advierten que el sistema de validación propuesto podría requerir cambios complejos a nivel operativo, especialmente si la norma entra en efecto a corto plazo. Algunas organizaciones incluso han señalado que la exigencia podría dejar temporalmente por fuera a plataformas internacionales si no se habilita la interoperabilidad a tiempo.
El Ministerio de Comercio ha respondido que no busca cerrar aplicaciones ni restringir el acceso a la oferta digital, sino garantizar que todos los servicios que operan en el país cumplan las mismas reglas de formalidad y transparencia.
Un decreto que podría entrar pronto en vigor
Versiones preliminares indican que, de ser expedido sin modificaciones sustanciales, el decreto podría aplicarse desde el 18 de diciembre. La fecha ha generado inquietud debido a la alta demanda turística del cierre de año, cuando miles de usuarios recurren precisamente a estas plataformas para reservar alojamiento.
En medio del debate, el Gobierno insiste en que este ajuste normativo es necesario para modernizar el sistema de registro turístico y adaptarlo a las nuevas dinámicas del mercado digital. El paso de un modelo declarativo a uno de verificación previa sería, según la cartera, un avance para la seguridad del consumidor y la trazabilidad de la operación.
Por ahora, el futuro de plataformas como Airbnb dependerá de la versión final que adopte el Ejecutivo, así como de la capacidad de adaptación de anfitriones y empresas tecnológicas frente al nuevo esquema de control.
