Procuraduría General de la Nación paraliza obra del aeropuerto Almirante Padilla

La construcción de la base de servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, cuya inversión supera los 10.480 millones de pesos, fue suspendida de manera indefinida por decisión de la Procuraduría General de la Nación, porque desde el año pasado presentaría graves irregularidades.

La contratación que fue liderada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) desde el año pasado, pero el 12 de abril del año en curso,  las autoridades se alertaron cuando uno de los interesados en la licitación señaló que el Consorcio Megaestructural, proponente número 29, habría superado el valor del contrato estipulado por la entidad.

Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió que la adjudicación del contrato era ‘abiertamente irregular’, según información publicada por El Tiempo.

De hecho, en una carta fechada el 5 de junio de 2024, conocida por el medio nacional, Andrés Arboleda Salazar, secretario de Servicios Aeroportuarios, admitió el error y solicitó a la Procuraduría orientaciones para corregir la situación: “El evaluador técnico, al revisar la observación presentada, estableció que en efecto en la evaluación de la oferta del proponente No. 29 se presentó un error en el formato Excel”, reconoció la Aerocivil.

La respuesta del Consorcio Megaestructural fue negativa cuando se les solicitó el consentimiento para la revocatoria directa de la adjudicación. En ese sentido, los abogados del consorcio evalúan una demanda contra la Aerocivil por incumplimiento del proceso de selección. La situación se complica aún más, ya que Andrés Arboleda solicitó a la Procuraduría: “brinden las recomendaciones o sugerencias que su despacho considere oportunas al momento de resolver la solicitud de revocatoria impetrada”.

Específicamente, reportó la institución que las falencias se viera en “el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los principios de la contratación estatal”. Según el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la Función Pública, “la Aeronáutica Civil, por medio de adendas, cambió las fechas establecidas desde el mismo inicio de la apertura del proceso (27 de diciembre de 2023), trasgrediendo no solo normas de la contratación, sino también intereses de los mismos oferentes”.

De la misma manera, la entidad acusada habrá prorrogado “el plazo de la licitación en más de la mitad del inicialmente fijado, es decir, que la fecha establecida era hasta el 6 de febrero de 2024, y la extendió hasta el 13 del mismo mes, contrariando lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación”.

Por eso, la Aeronáutica civil deberá cerrar la apertura de la licitación para que se realicen los ajustes, en conformidad con la ley y las disposiciones del Ministerio Público. “En consideración, el representante del órgano de control pidió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública”, emitió la Procuraduría.

Como respuesta a estos problemas, la Aerocivil ha decidido no hacer pronunciamientos oficiales y se limitará a responder directamente a la Procuraduría.