Hace varios meses mencioné el Informe de la ONU que advertía “la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados…”, como “un riesgo para la gobernabilidad…”.
Se trata de un riesgo advertido por otras instancias, como el International Crisis Group, que hizo en la embajada de Irlanda una descripción descarnada de la violencia por las luchas de control territorial entre grupos ilegales para la explotación de rentas ilícitas.
Tal situación se da porque “amplias zonas del país, donde vive casi el 15% de la población, no están efectivamente administradas por el Estado, sino que subsisten bajo el dominio de grupos armados criminales” que controlan territorios a partir de “seducción y violencia”.
Se presentan como benefactores y administradores de justicia; pero luego reclutan informantes, cooptan organizaciones de base, reclutan y abusan de menores, exterminan indeseables, líderes sociales y colaboracionistas del ejército o de otros grupos, con los que luchan por el control territorial generando confinamiento y desplazamiento.
Para el ICG, hay dos grupos vulnerables que son blanco preferido: las comunidades étnicas, propietarias, “de cerca de un tercio del territorio colombiano…”, y las Juntas de Acción Comunal con capacidad de contratación.
Paradójicamente, son grupos protegidos por el Gobierno con grandes recursos. La contratación con las JAC para infraestructura básica siempre ha existido, pero el gobierno Petro quiso volverla exclusiva para convertir a las JAC en “gestoras de economía popular”, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado. Aun así, el gobierno insistirá. Entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron convenios por $257.537 millones. ¿A dónde irán esos recursos en Juntas bajo control de grupos ilegales?
En octubre de 2023, el DNP aprobó la fórmula de asignación de regalías a minorías étnicas, estimada en $220.000 millones para 2023-2024. De hecho, el Gobierno ya entregó $198.237.808.986 a 20 organizaciones en dudosos contratos.
¿En medio de sus prerrogativas, que aumentarán con un decreto anunciado por el DNP, esas minorías están sujetas a control fiscal? ¿A qué se destinan los recursos, en un entorno de dominación? ¿Por qué el 49% de la coca, 150.000 hectáreas, está en Zonas de Manejo Especial (parques nacionales, resguardos y reservas forestales) con presencia de comunidades étnicas? ¿Acaso, sometidas por narcoterroristas, son “inversionistas” de coca con recursos de los colombianos?
¿La dominación territorial en resguardos protegidos por un régimen constitucional que conviene a los narcoterroristas para esquivar la justicia y la Fuerza Pública, no es cabeza de puente para la balcanización del país?; ¿Se puede extender a otras regiones dominadas? Pienso en Arauca, Meta, Catatumbo, el Caribe… Pienso en el futuro de Colombia como república soberana. La balcanización es un riesgo posible.