La pandemia de Covid-19, el cambio climático y la tasa de cambio, están afectando a todos los negocios de la economía agrícola y pecuaria del país, y obligando a varias industrias, ajustar sus estrategias de producción y comercialización para no afectar sus márgenes de rentabilidad y poder situar sus productos donde exista demanda potencial.
Uno de los sectores que picó en punta, fue el de los alimentos balanceados para animales (maíz y soja) y de consumo humano (maíz y trigo). Como lo anuncié en mi pasada columna, el próximo miércoles 24 de febrero, industrias como Finca, Contegral, Cipa, Solla, Italcol, Ingredión, la Soberana, la Asociación de Porcicultores de Antioquia y Alimentos Polar, se darán cita en Montería, con agricultores, distribuidores de agroinsumos y maquinaria agrícola, bancos, compañías de seguros y demás prestadores de servicios, para acordar una reglas de juego que les permita a todos sembrar un área importante de estos cultivos y obtener mayor productividad, competitividad y rentabilidad en sus agronegocios.
Para este nuevo modelo productivo agroindustrial, los empresarios del campo no necesitaron que les regalaran un Conpes o que los invitaran al teatro Colón de Bogotá donde se acostumbran a firmar pactos y acuerdos mediáticos y burocráticos que, en su mayoría, se quedan en el papel.
Mientras el patriarca industrial paisa, Manuel Santiago Mejía y el presidente de Fenalce, Henry Vanegas, impulsaban la idea con un grupo de industriales y productores, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, trabajaba con un equipo de expertos en financiamiento, el diseño y puesta en marcha del vehículo financiero que “facilitara” este nuevo modelo de producción agroindustrial.
Aquí lo que vamos a ver es una rueda de negocios entre empresarios del sector privado acompañados de una política pública de financiamiento y manejo del riesgo agropecuario, diseñada desde el Ministerio de Agricultura, para impulsar en el mediano plazo un verdadero desarrollo agrícola e industrial del país. Se trata de establecer unas reglas de juego para desarrollar una superficie importante con estos cultivos bajo condiciones tecnológicas de producción, financiación oportuna con cobertura de riesgos y compra a futuro de la cosecha.
Bajo este nuevo esquema, la industria accede a un crédito con tasa de interés de fomento y transfiere esos recursos a manera de anticipo al productor (ya sea en dinero o especie), con un respaldo del 80% del Fondo Agropecuario de Garantía -FAG- y del 20% de una póliza de seguro, mediante un contrato forward, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Con este mecanismo se logra mayor inclusión financiera, economías de escala, mejor productividad y garantía de la comercialización de la cosecha. Esta es la manera más práctica y eficaz para sobrevivir ante la aguerrida competencia de países desarrollados.
Con este nuevo modelo de producción agroindustrial, nuestros productores del campo no tendrán que recurrir más nunca a los anticipos perversos con tasas de usura y altos costos de agroinsumos.
Quedan pues atrás, esas prácticas comerciales perversas, donde los más fuertes terminaban arrebatándole la rentabilidad a los más débiles. Y de paso, acabamos con ese discurso populista de los promotores del fracasado socialismo en Latinoamérica.