No imaginé que mi anterior columna de opinión “Los fondos parafiscales” fuera a despertar tantas reacciones en los productores del campo, dirigentes gremiales, órganos de control fiscal, congresistas y uno que otro funcionario despistado del gobierno. Cuando se corre la cortina entra más claridad a la casa.
La primera impresión que me llevé, es ver a tantos agricultores sin conocimiento sobre el manejo que le dan los gremios a sus recursos. Ni siquiera tienen claro, cual es el objeto o el propósito para los cuales fueron creadas esas contribuciones obligatorias. La mayoría de ellos me confesaron que nunca han recibido una contraprestación en materia de transferencia de tecnología o de conocimientos a cambio de esos aportes económicos que realizan al momento de vender sus cosechas.
En el sector arrocero, la mayoría de los 17.000 productores del país, no sabían que le habían aportado el año pasado a Fedearroz más de 13.000 millones de pesos en parafiscalidad y 6 millones de dólares por las subastas de importación de arroz. Tampoco sabían que en enero de este año, les entró un cheque de 12.8 millones de dólares, por la subasta de 78.672 toneladas importadas desde los Estados Unidos. Dineros que les corresponde a ellos.
Por el lado de los gremios de la producción agropecuaria las reacciones no se hicieron esperar. Algunos dirigentes se sintieron aludidos, unos defendieron sus gestiones y otros prefirieron callar. Algunos congresistas tienen muy poco conocimiento del tema y en los ministerios de Agricultura y de Hacienda, le han dado poca importancia al control y seguimiento de los planes de inversión y la ejecución de los recursos. Ni siquiera tienen un estudio serio sobre el impacto que ha tenido este instrumento de la parafiscalidad agropecuaria en la productividad y comercialización de los productores del campo.
Lo más sano para las partes, es que el el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, facultado por el artículo 5º del Decreto 2025 de 1.996, contrate un estudio de auditoría externa a todos los Fondos Parafiscales, para determinar el impacto de los recursos ejecutados frente al incremento de la productividad de cada subsector. Claramente, esto ayudaría a tomar medidas que mejoren la eficacia de este importante instrumento de apoyo a los productores del campo.
La ineficiencia y el atraso del sector agropecuario en Colombia, es una responsabilidad que tenemos que asumir todos, si en realidad queremos sacar este sector adelante. Hay que ser honestos y realistas. Con el actual modelo institucional, normativo y productivo, no somos viables; no tenemos futuro. El sector agropecuario está requiriendo urgentemente cambios estructurales en su normatividad y estructura organizacional. Empezando por un revolcón generacional. Llevamos 30 años, como si estuviéramos pedaleando una bicicleta estática.
Si no actuamos rápidamente, podemos tener serios inconvenientes para garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos. El nuevo giro que está tomando el mercado de los alimentos y materias primas en el comercio internacional, por la crisis de salud y económica, originada por la pandemia del Covid-19, tiene a las potencias mundiales reorganizando sus ofertas y demandas de alimentos. Y en pelea de elefantes, las que salen perdiendo son las hormigas.
Bienvenido el debate.