El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 197 de 2023, impulsado por la senadora guajira Martha Peralta Epieyu, que busca garantizar el acceso al agua para todas las comunidades de La Guajira.
Este proyecto, cuya ponencia fue presentada por la senadora Esmeralda Hernández, responde a la necesidad urgente de implementar soluciones a la crisis hídrica que vive el departamento más desértico que tiene Colombia.
El Proyecto de Ley, radicado en noviembre de 2023, sigue ahora su curso en la Comisión V y luego en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta iniciativa se presentó después de que la Corte Constitucional anulara el decreto presidencial de emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, solicitando en su lugar medidas legislativas. Así, desde el Congreso, la senadora Peralta lidera el esfuerzo para dar continuidad a la intención inicial.
Tras la aprobación en el Senado, la senadora Peralta expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que su objetivo es lograr una ley que opere con transparencia y ayude a reducir las desigualdades en la región. “Muy agradecida con todo el Senado por ayudarme a llevarle el agua a mi departamento; ahora nos toca hacer que la iniciativa se convierta en ley”, señaló Peralta, resaltando la urgencia de cerrar las brechas sociales en La Guajira.
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El proyecto cuenta con 18 artículos que detallan el plan para garantizar el suministro de agua a través de acueductos y medios alternos, que incluyen esquemas diferenciales para las diversas comunidades. Además, asigna competencias específicas al Ministerio de Vivienda, sin afectar las funciones del Departamento ni de la empresa de servicios público.
La iniciativa también establece procesos abreviados para facilitar la aprobación de permisos ambientales para proyectos que mejoren el acceso al agua. Para asegurar los recursos necesarios, se creará el patrimonio autónomo Proaguas, entidad que gestionará los fondos destinados a proyectos hídricos en La Guajira. Además, se define que Proaguas tendrá un Consejo Directivo responsable de la administración y dirección de sus funciones, cumpliendo con el Estatuto General de Contratación Pública.
De convertirse en ley, este proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento, promoviendo el acceso al agua como un derecho esencial y una herramienta para el desarrollo.
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