La Fiscalía de Colombia imputó nuevos cargos de corrupción a la exministra de Deporte María Isabel Urrutia por autorizar un contrato de casi 5.000 millones de pesos (1,1 millones de dólares o 1 millón de euros) que no cumplía los requisitos legales, informó este jueves el ente acusador.
A Urrutia se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
En 2022, Urrutia ordenó presuntamente abrir un proceso de contratación para la implementación del software 'Sistema de Validación Nacional', que permitía asociar las entradas de partidos de fútbol a las identificaciones de quienes las compraron para facilitar el acceso a los estadios.
Esta gestión, sin embargo, habría "violentado las normas de contratación", según la Fiscalía, porque se eligió al contratista de manera directa y no mediante la convocatoria de licitación pública.
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Urrutia, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.
Además, su equipo la alertó hasta en tres ocasiones de que se trataba de un comportamiento ilegal, aunque ella ignoró estas advertencias.
Por último, la campeona olímpica y su equipo no hicieron un estudio de mercado ni llevaron a cabo ningún proceso para acordar un precio, sino que se fijó directamente un costo de 4.950 millones de pesos (unos 1,12 millones de dólares o 1,07 millones de euros).
La Fiscalía también añadió que si bien la exministra estaba habilitada para "diseñar e implementar un sistema de validación nacional", lo que contrató fue un "análisis de implementación del sistema de validación nacional", por lo que también fue imputada por falsedad de documentos públicos.
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No es la primera vez que Urrutia es procesada por delitos de corrupción, pues en 2023 fue acusada por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por actuaciones ilícitas en el trámite y la celebración de más de 100 contratos.
En la investigación se estableció que, presuntamente, entre el 2 y el 6 de marzo de 2023 "fueron celebrados 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, desconociendo los requisitos legales".
