El grupo cívico Dignidad por La Guajira ha anunciado su objetivo de establecer una empresa regional oficial de energía en la región. Antes de llevar a cabo cualquier protesta, planean realizar una movilización de gran envergadura.
Según los organizadores, los altos costos de la energía en el departamento de La Guajira y en toda la costa Caribe están obstaculizando las oportunidades para los emprendedores que buscan impulsar el desarrollo regional. Aquellos que ya tienen negocios establecidos se enfrentan a dificultades para mantenerse a flote, ya que gran parte de sus ingresos se destinan al pago de servicios básicos como: La energía eléctrica, el alumbrado público y el aseo, que se han visto afectados por incrementos mensuales significativos.
Desde el lunes 27 de mayo, el líder social Felipe Rodríguez Santiago y el exdiputado Luis Carlos Cárdenas han dado inicio a la primera fase de su proyecto de protesta. Su estrategia incluye visitar diversos programas radiales y medios de comunicación para difundir su mensaje y buscar apoyo en la comunidad.
Los organizadores del paro en La Guajira han extendido su llamado al presidente Gustavo Petro, instándolo a tomar medidas para revocar el marco legal implementado durante el gobierno de Duque. Específicamente, solicitan la derogación de las resoluciones que imponen a los usuarios el pago por pérdidas técnicas sufridas por las empresas comercializadoras, así como por las pérdidas derivadas de la defraudación de algunos usuarios. Este último aspecto se ilustra con casos como el de usuarios que, al enfrentar facturas inasequibles debido al consumo de aparatos como aires acondicionados, recurren al fraude para evadir los pagos.
Los líderes del paro prevén que este podría comenzar a finales de junio o principios de julio. Entre sus propuestas destacadas por el presidente Petro está la creación de una empresa regional encargada del transporte y la comercialización de energía eléctrica. Esta iniciativa busca establecer tarifas accesibles en la facturación eléctrica, permitiendo que incluso hogares con recursos económicos limitados puedan acceder a servicios como la instalación de aires acondicionados, mejorando así sus condiciones de vida. Al hacer que el servicio sea más asequible, se espera reducir la necesidad de recurrir a prácticas fraudulentas para evadir los pagos.
