La justicia penal que hoy se aplican en nuestra Colombia, desgraciadamente se encuentra lejos de ser rápida, pronta, oportuna y eficaz, su paquidérmica marchar ha contribuido al crecimiento de la delincuencia y a generar incomprensión y desconfianza en el ciudadano que a pesar de ser testigos ocular de hechos criminales, encubre su valor civil absteniéndose de colaborar con decisión y entusiasmo con la justicia, porque la considera engorrosas, deficientes, impropios y lentos los procedimientos, si es que muchos no los estiman inútiles, igualmente se encuentra desprotegido, sin instrumentos adecuados, sin autoridad que pueda blindar su humanidad y a merced de la criminalidad organizada, que lo amenaza, lo amedrenta, lo ataca, lo agrede directa o indirectamente para que abandone el país o su labor y si llegase a demostrar su profundo valor civil, se convierte en un nuevo mártir, en una cifra más del implacable aumento de la criminalidad.
Esta imperfecta acción de la justicia ha logrado que la delincuencia alcance un vasto crecimiento y muchos se atreven a pensar en el delito como una deseable forma de vida.
La falta de legislación contra menores ha alcanzado que muchos niños incursionen de manera rotunda al sicariato, con frecuencia vemos a adolescentes con amplio conocimiento del delito y consientes, de sus malévolas acciones, se encuentra en libertad porque nuestras leyes consideran que, aunque cometan delitos atroces seguirán siendo niños y no existe leyes que lo puedan penalizar.
Luego el asomo de esta pandemia que hoy atropella al mundo con suprema agresividad, ha obligado a que los procesos se realicen de manera virtual, debido a este hecho, la justicia parece haber perdido su destreza, casi no opera, los despachos judiciales afectado por la congestión de los procesos, se muestran tardías, lánguidas, al parecer día a día ha perdido su majestad, su prestancia, su alta dimensión jerárquica.
Debido a lo pausado de los despachos judiciales y lo enclenque de la justicia, han permitido la profesionalización del delincuente, convirtiéndose en el depredador de la justicia y el evasor de los medios coactivos del Estado. Es innegable que el crimen avanza con suprema rapidez hacia las formas más elaboradas, sin que podamos detenernos en la búsqueda de un mecanismo para combatirlo.
Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y darle un nuevo aire a la justicia que combate a las organizaciones criminales. Con suprema urgencia es necesario tomar medidas radicales con alta fortaleza, reales, pronta, eficaces, oportunas y coherentes, encaminadas a la fuente misma del crimen y la desestabilización de las organizaciones criminales, sí así no fuese, estaríamos condenados, inerme, a la impotencia y al derrumbamiento para que la anarquía y el caos prevalezcan en medio de la confusión y el desorden.
No más detención domiciliaria, no más libertad por términos vencidos, no más insolventes que no se puedan privar de la libertad por no poseer bienes embargables. No se justifica ni tiene explicación alguna, que contratantes estatales o no, después de haber recibido dinero para la ejecución de una obra en beneficio de la sociedad, no se ejecute en su totalidad y queden en total abandono, aun el contratante declare haber recibido el valor total de la obra, se dilaten en forma infinita los procedimientos con el deplorable resultado de que finalmente, se confunden las pruebas, desaparecen y se distorsionan para favorecer la impunidad.
Se debe castigar crudamente a funcionarios que se prestan al juego de la ilicitud, porque su compromiso es colaborar para que exista en el país una justicia eficaz, digna y respetable.