El paro nacional que actualmente tiene en ascuas al país es la consecuencia, no la causa, de muchos males que azotan a Colombia desde 1819. Es menester encontrar salidas incruentas, democráticas y libertarias; la victoria militar criolla sobre el colonizador español no significó nuestra independencia, autodeterminación y libertad.
En 1812, durante el proceso independentista, aparece la primera confrontación interna: federalistas contra centralistas. Una guerra civil en medio de una conflagración contra una potencia extranjera; locuras propias de nuestra nación. Siguen numerosos enfrentamientos bélicos interiores y exteriores, pasando por varias guerras civiles, la Guerra de los Mil Días, la violencia, etc., hasta llegar al actual conflicto interno. Increíblemente, tuvimos la ridícula desfachatez de declararle la guerra al Eje en 1942. El espíritu destructivo y feroz nos acompaña desde siempre. Nunca hemos tenido paz.
Varias veces me he referido a la necesidad de suscribir un nuevo contrato social, ahora apremiante e inaplazable. Rousseau aludía al Contrato Social como un Estado de derecho que asegure a la sociedad la libertad y la convivencia pacífica mediante la igualdad entre todos los ciudadanos. Afirmaba que el objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz para todos, apoyándose en una clase media fuerte; la libertad subsiste gracias a la igualdad y la legislación debe procurar mantenerla. Aun cuando vigente, varios de sus postulados fueron arrasados por el tiempo y la evidencia, y no son aplicables por estas calendas. John Rawls moderniza estos conceptos con su “Teoría de la justicia”. En medio de la Guerra Fría confrontaron sus tesis personajes como Sartre y Althusser exaltando a Marx, y Karl Popper, promotor de las sociedades políticamente abiertas, o Friedrich Hayek, defensor del liberalismo.
Colombia buscó salidas políticas modernas mediante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que promulgó la actual Constitución. Según José Gregorio Hernández, la actual carta política era necesaria para reestructurar el estado, como instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos, y como respuesta institucional a la violencia que azota al país, buscando restablecer la paz y el orden público perturbado por las organizaciones subversivas y el narcotráfico. No obstante, las sucesivas modificaciones y rupturas, especialmente la reelección presidencial, y ciertos errores en su diseño, destruyeron buena parte de su espíritu civilizador. Así, se afectó sustancialmente el equilibrio de poderes, hoy concentrado vergonzosamente en el ejecutivo, que posee el dominio del congreso, varias cortes y los órganos de control del estado.
Desde el gobierno de Cesar Gaviria, la oleada neoliberal se tomó a Colombia con las premisas de un estado corrupto y mal administrador, y un sector privado eficiente y productivo. Esas proposiciones fallaron; no resultaron distintos estado y empresarios. El neoliberalismo no funciona en una economía mediana y descuadernada como la nuestra. Hoy, nos azota la peor corrupción de nuestra historia, una impúdica concentración de riquezas y poder, una banca voraz, una violencia creciente, y un sinfín de males resultantes que urge solucionar: desempleo, informalidad, exclusión, desigualdad, racismo, clasismo, violencia, una fracasada guerra contra las drogas, deforestación, minería ilegal, etc., apalancados por el narcotráfico y la putrefacción estatal.
Urge un nuevo pacto social. El espíritu civilista y garantista de nuestra carta magna debe ser restaurado; para ello, se necesita una gran renovación del estado, desconcentrar y equilibrar los poderes, órganos de control independientes y efectivos, y retomar los derechos fundamentales conculcados, entre lo más apremiante. Detener los conflictos armados es urgente; ajustar el gasto estatal y racionalizar los exorbitantes salarios y prebendas de los altos funcionarios, eliminar el versallesco derroche y las numerosas corbatas que asfixian el cuello del erario. Todo, antes de las necesarias reformas tributarias, laborales y pensionales, progresivas e incluyentes. Educación universal y gratuita hasta el nivel superior, fomentar la creación de empresas de tecnología y agroindustria, repatriar capitales ociosos y promover el uso productivo de la tierra mediante estímulos tributarios. Nuestra biodiversidad es un preciado tesoro explotado por extranjeros. La salud debe ser nuevamente un derecho. Hay muchísimo por hacer; nos corresponde empezar ya, y en paz.