Si, al Estado le preocupa la inestabilidad económica, también debe preocuparle la seguridad del ciudadano, así como se establece de manera inaplazable normas para aniquilar el bolsillo del ciudadano, debe velarse de igual manera por la vida de quien lo elige. Según el anterior Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas un año después de la ejecución de la ley 1819 del 2016 el país recaudará adicionalmente 6.5 billones de pesos.
Su lentitud ha contribuido a generar incomprensión y desconfianza al propio ciudadano quien no colabora con decisión y entusiasmo en el éxito de las investigaciones porque las considera engorrosas deficientes, impropios y lentos los procedimientos, si es que muchos no la consideran inútiles.
Muchos colombianos creemos que existe entre nosotros la sensación y a veces la convicción que por ello predomina la impunidad y que la criminalidad se ha organizado con tal poder hasta poseer medios e instrumentos que le permitan movilizarse con más agilidad que los organismos del Estado instituidos para perseguir y castigar los delitos.
Desde más de cinco décadas hablamos periódicamente de las inmediatas reformas que constantemente debe guardar la justicia colombiana, debido a las crisis aterradoras que la agobia, a veces pensamos que no opera, que es lenta paquidérmica, enclenque y débil. Realmente frente a ella requerimos seguridad colectiva; demandamos al Estado por su servicio deficiente creciente, protestamos por la impunidad y la delincuencia creciente, pretendemos investigar los motivos del crimen y sus consecuencias perniciosas en el conjunto social.
Es elemental que nos deduzca y naturalmente que nos apasione el tema de la justicia. No porque sea ciega, como en la representación antigua, sino porque nos corresponde a los colombianos, en esta etapa de la vida nacional, recuperar su imagen, vivificarla insuflarle seguridad y confianza y darle un contenido de esperanza para que al mismo tiempo tenga un sentido vital de presencia, de autoridad que oriente las conductas del hombre, las modere y, en fin, reflejen las esencias de la formación ética del pueblo.
“El que la hace la paga” es el lema que hoy se ejecuta para detener la delincuencia, pero debe tenerse en cuenta que para la efectividad de este lema, se debe empezar por la construcción de establecimientos carcelarios, porque lo que hoy conservamos solo podrá alojar 50.000 convictos y por lo menos se encuentra alojados 70.000, este forzoso hacinamiento ya revela una densidad que origina toda clase de males, entre ellos la promiscuidad, dificultades para ejercer el control disciplinario, servicio público insuficiente, inadecuada presentación de la atención médica o sanitaria, alimentación deficiente, desaseo, insalubridad, y en fin, aquel es un cuadro doloroso y dramático que se agrava por la falta de recursos para solucionar satisfactoriamente tan agudo problema.
El presidente Duque debe ser consciente de esta penosa realidad y debe mantener su fe y esperanza en la justicia. Si éste padece serios y graves quebrantos, su deber es contribuir a superarlos para que la justicia brille con luz propia, ya recuperada su imagen primitiva y nos sirva para realizar los fines del Estado con la colaboración y solidaridad de los buenos colombianos.
No queremos ver por las calles colombianas ciudadanos libres por vencimiento de términos, libres por no ser perjudicial para la sociedad, ni casa por cárcel al condenado, ni menores de edad delinquiendo, ya es tiempo que el congreso legisle sobre los adolescentes infractores, porque “quien la hace la paga”.