Con el título de “Cuentas claras”, Dejusticia lanzó un documento con una desapacible intencionalidad contra el empresariado, que se muestra al reconocer que hace parte del proyecto “Responsabilidad corporativa por violaciones de derechos humanos (…): promoción de litigio estratégico y comisiones de la verdad”, en asocio con abogados argentinos y la Universidad de Oxford. Su objetivo, entonces, es utilizar las Comisiones de Verdad (CV) para promover causas judiciales “estratégicas” contra empresas por su presunta participación en conflictos armados.
El subtítulo del informe colombiano -“El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”- confirma la intención de cacería de brujas para diluir la responsabilidad de las Farc, cuyos dos grandes logros, con la ayuda de ONG sesgadas, fueron la “legitimación del narcoterrorismo”, que les permitió negociar con el Gobierno; y la “socialización de la culpa”, materializada en la CV y en la JEP, que les garantizan impunidad y convierten a toda la sociedad en corresponsable de sus crímenes.
El documento, que empieza juzgando, con su interpretación de la responsabilidad corporativa, como “complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, llega luego al sesgo de siempre, al confesar que su fuente de información es una base de datos que “incluye 439 casos de complicidad empresarial mencionados en 35 sentencias de primera instancia con un corte al 2015 dictadas por los tribunales colombianos en el marco del proceso de Justicia y Paz”.
No hay derecho a que las versiones de unos paramilitares en busca de beneficios se usen para generalizar la “complicidad” del empresariado, atreviéndose a afirmar, además, que “dicha complicidad no ha sido aislada”. No hay derecho a que, mientras la Fiscalía encuentra evidencias a diario, también se insista en desconocer el testaferrato fariano.
Sobra decir que la “investigación” refuerza el estigma del ganadero victimario, pues en su base de datos están los que cruzaron la línea de la legalidad, como lo hicieron comerciantes e industriales, pero no los 500.000 que todavía sufren la violencia. Dejusticia debería mirar los informes de la Fundación Colombia Ganadera, el primero con 3.293 víctimas de secuestro y asesinato, y el segundo con cerca de 7.000 de todo tipo de delitos.
Ni hablar de las sugerencias. Para Dejusticia, la CV debería enfocarse en “complicidad empresarial”, crear un grupo especializado y hasta meterse a la Fiscalía a revivir procesos.
El Consejo Gremial Nacional debe estar alerta, pues hoy la injusticia del estigma recae en los ganaderos, pero generalizar la “complicidad” de todo el empresariado es una infamia. Advertí que la CV y la JEP podrían ser usados para cacería de brujas, un temor que persiste.