Terminó la vigencia del mecanismo de reglamentación del Acuerdo de Paz, con un balance bastante pobre en materia agraria. De todas las reformas acordadas en La Habana, el Congreso solo aprobó una, la que crea incentivos para la investigación e innovación en el campo. Las demás, no lograron terminar su trámite.
El campo colombiano, ha sido siempre un campo de batalla, y un escenario de guerra y conflicto en nuestro país. Los peores efectos de la violencia los han sentido las comunidades y los campesinos que viven del campo. Por eso ahora lamento la culminación del periodo de implementación de los acuerdos de paz, y hago un llamado para avanzar en el debate de las normas que permitirán convertir el campo en un sector estratégico de jalonamiento del crecimiento económico para Colombia.
Proyectos como el de adecuación de tierras, titulación de baldíos, catastro multipropósito, entre otros, se hundieron por falta de debate. A la fecha, no hemos oído del Ministro de Agricultura información alguna sobre quiénes y cuándo van a tramitar las normas pendientes de reglamentación. La meta del 2018 debe ser construir un campo de oportunidades y generar las condiciones necesarias para que esas oportunidades les lleguen a quienes más han sufrido la ausencia de Estado.
Es innegable que el sector rural, simboliza la desigualdad y la injusticia social y que la guerra, ha sido el mejor pretexto para no llevar a cabo las reformas esenciales para un crecimiento inclusivo. Si nos detenemos en su gente, sabemos que uno de cada dos colombianos que habitan el campo, está en la pobreza. En nuestro campesinado se concentra más del 87% de las víctimas del desplazamiento armado que ha sufrido el país.
Si hablamos de oportunidades, encontramos que, en materia de educación, sus habitantes no tienen acceso a preescolar; en relación con la prestación de servicios públicos, apenas el 6% disfruta de alcantarillado, un 20% tiene acceso al servicio de acueducto y aún falta un 20% del sector rural por tener acceso a electricidad. Es innegable que faltan bienes públicos, capital social, que no hay carreteras terciarias, y que falta conectividad en el campo. Por todo eso, aspiramos a que en el 2018 se radiquen los proyectos de tierras faltantes. Es urgente, aprovechar la vocación agraria de nuestro país y su ventajosa posición geográfica para transformar este sector en un verdadero eje de desarrollo económico.