El análisis de los comportamientos de los partidos en la discusión sobre la JEP debería ser factor de decisión para los votantes del 2018.
El debate más interesante fue el de los derechos políticos. Algunos optaron por exigir que al menos se cumplan las risibles condenas de la JEP como requisito previo a la participación en política. Aquello que es apenas elemental, no es posible pues los acuerdos admiten los derechos políticos por encima de cualquier consideración de las penas, las víctimas o la gravedad de los delitos. Se conforman con la promesa de paz.
La discusión sobre el hecho de que sólo unos actores de lo que algunos han denominado el “conflicto armado” tengan derechos políticos mientras los otros no, evidenció las posturas morales.
Para la mayoría de los congresistas de la Unidad Nacional, las Farc y los paramilitares son lo mismo, por lo tanto si a los guerrilleros se les otorgan derechos políticos, por principio de igualdad, los otros también deben tenerlos.
Para el Polo y los Verdes, en cambio sólo los guerrilleros de las Farc merecen los derechos políticos y consideran un exabrupto que se planteé devolverle derechos políticos a los paramilitares. Aquello muestra que su postura no obedece a convicciones morales, sino a posturas políticas. Con los mismos crímenes; unos merecen más que los otros. Al parecer, una masacre de las Farc es distinta a una masacre de los paramilitares, pues si fueran iguales consecuencias legales sería idénticas. Insisten en una diferencia que sólo es explicable por algún tipo de afinidad política.
El Centro Democrático no votó. Consideramos tan asesinos, terroristas, narcotraficantes a las Frac y a los paramilitares, y rechazamos en consecuencia los derechos políticos para cualquiera. Ningún criminal de lesa humanidad debería tener representación política. Esa es la única garantía de no repetición: Que la sociedad reciba el mensaje de que un criminal que atenta contra la humanidad no tiene ni tendrá el derecho a representar esa sociedad, jamás.
Interesante también que el ministro Rivera a nombre de las Farc y el gobierno insistieron en hundir la proposición que impedía que los violadores sexuales de los niños puedan tener beneficios. El congreso la aprobó con apoyo del Centro Democrático. Los verdes y polo votaron en contra.
El fallo de la Corte Constitucional aunque incompleto y parco, al menos eliminó la posibilidad de que los terceros sean perseguidos por la JEP. El Congreso reforzó los fueros de manera que los funcionarios públicos tampoco estarán sujetos a la jurisdicción de las Farc. Quedaron tan solo los miembros de las Fuerzas Armadas. Son víctimas de un gobierno irresponsable que condicionó la solución a la persecución judicial de que han sido objeto nuestros soldados y policías, a una justicia compartida con el terrorismo.
No descansaremos hasta que los ejércitos que han defendido la democracia colombiana tengan un sistema de justicia justo. Deben ser juzgados con las garantías del fuero penal, por jueces sin sesgos. Con mecanismos que les permitan defender el honor, y no que ofrezcan la libertad a cambio de confesiones, para tergiversar la verdad. Con más entusiasmo recogeremos más firmas para revocar la JEP a través de un referendo. Las Fuerzas Armadas de Colombia no pueden ser la presa con la que se regocijen los terroristas.