No atender los justos reclamos de la autonomía de las regiones o no renegociar un sistema de autonomías en forma oportuna puede conducir a revoluciones políticas y rupturas del orden institucional de una república.
España está en mora de renegociar el ordenamiento territorial para detener la catástrofe y en nuestra Colombia hay la necesidad de rediseñar el Estado para darle apertura a la regionalización. Evitemos conflictos; estamos a tiempo.
A primera vista, parece que el referendo catalán del 1º de octubre pasado y la pretensión de autonomía de las regiones de Colombia, en especial la de la Región Caribe, fuesen semejantes, pero no todo lo que se parece a primera vista, lo es. Esto lo enseña la filosofía hermenéutica y la ciencia de la lógica. La realidad es que son bien distintas, la una de la otra.
El parlamento catalán convocó a la separación de España. Es un llamado a la ruptura de la unidad de la república y a transformar Cataluña en un Estado independiente. En cambio, la pretensión de autonomía de las regiones en Colombia, que lidera la Región Caribe, lo que busca es fortalecer la unidad del territorio, el Estado de Derecho y la democracia.
Sin embargo, cuando el gobierno central no presta atención a los reclamos de autonomía puede conducir a que los ánimos se exalten y se le dé apertura a movimientos soberanistas que pretendan romper la unidad nacional. Este es un peligro que siempre acecha a la democracia. Esta es la lección que debe aprenderse de Cataluña.
El referendo catalán es abiertamente inconstitucional y antidemocrático. Eso no es materia de discusión. ‘Roma locuta, causa finita’, así decían los romanos para manifestar que Roma tenía la decisión definitiva sobre alguna materia. En un Estado constitucional moderno como España, la última palabra de lo que es constitucional o no, la tiene el Tribunal Constitucional que determinó que el referendo era inconstitucional y por ende la decisión es invalida, no genera derecho.
Acerca de lo jurídico, en este caso, la decisión en una democracia no la tiene el pueblo, la tienen los jueces, simplemente es así porque la democracia no puede ser reducida a la decisión de una mayoría sobre una minoría ni viceversa. La democracia implica que las determinaciones se tomen por la mayoría preestablecida en el ordenamiento constitucional.
La democracia no es el poder de la muchedumbre, menos con una abstención del 52 %. Si la democracia fuese el poder de muchos, Pilatos, en el Juicio de Jesús, pasaría por demócrata al apelar a la muchedumbre, condenar a Jesús y salvar a Barrabás. Él fue un pusilánime, no un demócrata. La ciudadanía se transforma en muchedumbre cuando no acata la decisión de jueces, no delibera e irrespeta las reglas de juego.
La unidad del Estado no es negociable en una sociedad política, lo explica Pepe Tudela en su texto El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española: “Se ha escrito que, necesariamente, una Constitución se asienta sobre el principio de unidad del Estado y que este principio no puede estar sometido a la tensión permanente de un posible ejercicio del derecho de secesión. Creo que ello sigue siendo así. Con más claridad, la Constitución no puede dar amparo a un derecho de secesión o autodeterminación”.
Una recomendación concreta: Menos centralismo y más atención a las necesidades y requerimientos de la autonomía regional o Cataluña podría convertirse en reflejo de la Región Caribe colombiana.
La democracia son reglas formales y sustanciales que limitan los poderes públicos. Asimismo, estas reglas de juego limitan al poder de los ciudadanos en los referendos.