El 30% de los empresarios estarían dispuestos a adulterar estados financieros y pagar sobornos para obtener un contrato. El 80% de los empresarios dicen que es usual pagar sobornos en Colombia, según la encuesta Ernst & Young 2016. Ninguna de las 167 entidades colombianas evaluadas por Transparencia Internacional está en nivel bajo de corrupción, la gran mayoría están en riesgo alto o muy alto e corrupción.
La corrupción en Colombia tiene diversos orígenes, pero sin lugar a dudas el más escabroso es el de la mafia que se ha cooptado la política y la contratación pública. Se trata de una trama delictiva que se inicia en las campañas. Como son tan costosas para poder financiar la compra de votos, los regalos, la pauta publicitaria, los eventos con orquestas y rifas, los fraudes en la Registraduría y escrutinios; requieren inversionistas. Estos no son otros que contratistas que entregan el dinero, con el ánimo que, una vez elegido, el personaje devuelva en contratos lo que se le “invirtió”. Por eso las licitaciones o las contrataciones rara vez son trasparentes, ya vienen con un dueño.
Los congresistas que participan del negocio consiguen el presupuesto -que negocian con el ministro a cambio del apoyo a proyectos legales que se gestiona el Congreso. El presupuesto se pone a disposición de una alcaldía o una gobernación, y todos sacan tajada. Y luego, cuando vienen unas nuevas elecciones el aparato utiliza el dinero público para poder garantizar la reelección, si el candidato no pega, invierten en otro y todo sigue igual.
También existe la modalidad de entregar entidades. Antes se trataba simplemente de la asignación de puestos de trabajo que se otorgaban a los amigos del político como pago del apoyo recibido en las elecciones. Ahora, no sólo es clientelismo, es el poder de las decisiones que se toman, y la contratación: que asigna a los amigos dispuestos a la dar una cuota, y se hace con sobrecostos.
Duele como durante la intervención de Saludcoop por parte del gobierno, se le entregaron 1,2 billones de bonos solidarios y se suponía que en la liquidación quedarían para el Estado unos 2 billones, que nunca llegaron. Aparecieron sí, varios contratos -ya en la fiscalía, a amigos de congresistas.
Y qué decir del cartel en la Corte Suprema, donde abogados y Magistrados negociaban absoluciones. Habrá que investigar magistrados auxiliares e incluso esa larga lista de falsos testigos para saber cuáles eran los verdaderos alcances del macabro negociado.
La corrupción se asocia con óxido que corroe. Debilita la confianza en el Estado, que termina por no poder cumplir con nada de lo que se propone, e incentiva la venta del voto bajo la convicción de que más vale recibir algo que esperar para nada. Combatirla no es fácil. No hay fórmulas mágicas. La eficacia simbólica de la ley, -la fuerza de la amenaza que representa la sanción- tiene efectos muy limitados cuando la probabilidad de ser sancionado es muy escasa. Lo principal para combatirla son las personas. Ciudadanos que elijan sabiendo que el dinero, las prebendas, los puestos solo terminan en corrupción. Ciudadanos elegidos se la jueguen por los principios: Jamás la trampa o el crimen deben ser premiados.