“No olvidarás mi nombre” es un seriado de gran sintonía que pretende ser la narrativa del conflicto colombiano, con toda su violencia, sus razones y sus sinrazones, alrededor de una historia de amor, porque, al parecer, sin esos dos ingredientes –amor y violencia–, los colombianos no vemos televisión.
El hilo conductor recrea la confrontación entre guerrilleros y paramilitares, una realidad histórica en sus orígenes. Pero mientras, para definirlo con simplismo, el guerrillero es malo, y ahí termina su proyección social, el paramilitar no solo es “remalo”, como diría la muchachada, sino que detrás de él está el verdadero antagonista: el ganadero; el que no cree en la justicia, se la toma por su mano y la burla sistemáticamente; el dueño del poder local, despojador de campesinos, autor intelectual de masacres, sobornador de obispos y funcionarios, con tentáculos en todos los círculos del poder; el que no para en mientes para esconder sus delitos y alcanzar sus objetivos perversos. Ni el asesinato de su hermano bueno alcanza a explicar semejante maldad.
Los ganaderos han sido estigmatizados como terratenientes y despojadores desde hace 60 años, cuando las Farc los declararon enemigos y objetivo militar, y expidieron sus leyes de reforma agraria para arrebatarles la tierra. Entonces fueron asesinados y secuestrados por miles, y extorsionados y despojados en todo el país.
Cuando surge el fenómeno paramilitar y algunos empresarios de diversos sectores –no solo ganaderos– traspasaron los límites de la legalidad, los ganaderos quedaron en medio de ese fuego cruzado, como todos los pobladores rurales, y de contera, terminaron con una injusta estigmatización a cuestas, propagada furiosamente en los medios por la izquierda democrática y por algunos formadores de opinión.
Hoy, sin embargo, cuando transitamos por el posacuerdo, la reparación de víctimas y la reconciliación; cuando esta pronta a instalarse la Jurisdicción Especial para la Paz, concebida con las Farc para juzgar a tirios y troyanos; hoy, cuando el Decreto 902 de 2017, también concebido con las Farc, se alista a servir de instrumento para garantizar la distribución gratuita de un mínimo de 3 millones de hectáreas, que saldrán en su mayoría de la expropiación a sus actuales y legítimos propietarios, pues es conocido el fracaso del Estado en sus responsabilidades de quitarle la tierra a los criminales y en recuperar sus propios baldíos; hoy, cuando, más que nunca, se requiere de una justicia imparcial y de una “sociedad imparcial”, porque la decisión del juez siempre está permeada por su entorno social; es decir, hoy, cuando es imperativo derribar estigmas y estereotipos, se produce este extemporáneo, infamante y peligroso ejercicio de estigmatización contra los ganaderos.
Me sorprende, o mejor, me indigna que semejante infamia generalizante haya sido auspiciada, como rezan los créditos, por entidades internacionales como USAID y OIM, y por el Gobierno a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Unidad de Víctimas y de Reconciliación Colombia, una organización que no hace honor a su nombre con esta propuesta, y en la que figuran como “socios” muchas entidades públicas y empresas privadas.
No puedo dejar de pensar en los empresarios ganaderos perseguidos por ese estigma; ni en el peso que tendrá en la JEP y en los jueces agrarios que decidirán sobre procesos de expropiación por incumplimiento de la función social y ecológica o por motivos de interés social o de utilidad pública, en los que cabe todo, a través del “Procedimiento Único” y sumario del Decreto 902/17. No puedo dejar de pensar en la verdadera reconciliación y en la responsabilidad social de los medios.