Como mis lectores son primordialmente citadinos, es entendible que usted no comprenda o le interese poco la problemática de la tierra, más allá del estereotipo de su falsa concentración –que no el abandono del Estado– como causa de la pobreza y la violencia rural.
Es razonable que lo suyo sea la movilidad, la inseguridad urbana, el desempleo y la corrupción que se roba la “prosperidad para todos” y que, en consecuencia, pase la página frente a la discusión de un proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Entendible, repito. Para quienes estamos cerca del problema es también difícil explicarlo, sin ser acusados de terratenientes explotadores.
No estamos en contra de que un campesino tenga tierra, pero si no le garantizan condiciones para que esa tierra le brinde bienestar, simplemente pasará a ser un pobre con tierra, como ha sucedido durante décadas de reformas agrarias incompletas. Estamos en contra de quitarle a propietarios legítimos la tierra que se necesita, y no a quienes le robaron inmensos baldíos al Estado, y a los guerrilleros, paramilitares y narcos que la robaron o la compraron con dineros malditos para garantizarle control territorial a sus actividades ilegales; entre otros a los pomposos negociadores de La Habana: Las Farc.
Con esos despojadores, hoy socios del Gobierno, se negoció lo que había que hacer con la tierra en Colombia. Y el Gobierno se obligó, vigilado por una Comisión de Seguimiento que decide lo que se puede y no se puede hacer. De allá viene el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, cuya “socialización” fue un engaño a la opinión citadina –a usted–, porque el Gobierno no tenía capacidad para modificar nada que contrariara el Acuerdo Final pactado con las Farc.
Por eso nada se modificó, sino que se maquilló –hay las pruebas– y se partió en dos, dejando en un decreto ley, dizque procedimental -77articulos-, aquello que a las Farc les parecía más urgente, y en un proyecto de ley -122 artículos- los temas “incómodos”, para ser debatidos en un Congreso que anunció sin vergüenza que desatenderá los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Así pues, persiste el riesgo de un modelo de desarrollo rural que desprecia la productividad y la competitividad, para centrarse en la “minifundización” y el control territorial y político de las Farc. Y más grave aún, de que el “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” sea cuota inicial de más amenazas contra la propiedad privada, hoy de la tierra rural, mañana de otras formas patrimoniales urbanas, como la propiedad accionaria de bancos, industria y medios de comunicación. Venezuela es ejemplo.
El Gobierno es esclavo de sus compromisos. Si en 50 años de reforma agraria solo se adjudicaron 1.749.000 hectáreas, entonces las metas del Acuerdo lucen imposibles: 700 mil anuales de formalización y 300 mil gratuitas, además de Zonas de Reserva Campesina que sumarán a las 2.400.000 hectáreas existentes; todo enfrentado a una economía recesiva que afecta los ingresos fiscales.
¿Qué hacer, si además el Estado fracasó en recuperar baldíos y extinguir dominios ilegales? La solución viene escondida en los proyectos: artículo 56 del decreto-Ley y artículos 82 y 83 del proyecto de ley, con énfasis en la extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica; con un Procedimiento Único y sumario que, unido a un catastro multipropósito convertido en prueba procesal para definir propiedades y linderos, desconocerá legítimos títulos de propiedad.
Con sus baldíos, si logra recuperarlos, el Gobierno puede hacer lo que le venga en gana, pero la legítima propiedad privada de la tierra es constitucionalmente sagrada.