Les contaba en mi anterior columna, la inconveniencia de cambiar al ministro de la cartera agropecuaria en estos momentos, por los riesgos que pueden correr varios programas de incentivo a la producción agropecuaria que están en proceso de implementación.
Tal como ocurre con el crédito agropecuario, se hace necesario resolver el problema de cobertura de los riesgos climáticos. De siete millones de hectáreas que se cultivan en el país, el seguro agrario sólo aseguró 178.000 hectáreas en el 2016, lo que representa una cobertura del 2.5% del área sembrada. Si el ministerio de Agricultura, impulsa la creación de una administradora del Seguro Agropecuario, donde participen todas las aseguradoras del país con la porción de riesgo que cada compañía quiera asumir dentro del cuadro de coaseguro- y traslada a la Previsora de seguros, el Fondo Nacional de Riesgo, con funciones de reasegurador público y administrador de las subvenciones a las primas de seguros, puede lograr hacer frente a riesgos que, por su intensidad, frecuencia aleatoria y alto costo económico, no puede ser asumido por una aseguradora que actúe de forma aislada e independiente.
Otra tarea pendiente del ministerio de Agricultura, es la reforestación comercial. De 600.000 hectáreas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, sólo se ha podido incentivar el establecimiento de 43.598 hectáreas en los últimos cuatro años, lo cual sólo representa un cumplimiento del 7.2% de la meta establecida. El principal instrumento de política para el fomento de la reforestación comercial, llamado Certificado de Incentivo Forestal, CIF, es un fracaso total. Para lograr un desarrollo importante y sostenible en reforestación comercial, el ministerio de agricultura debe crear una normatividad que le asigne al sector privado el papel de ejecutor y al Estado, el papel de establecer incentivos tributarios y financieros para esta actividad y el silvopastoreo.
Si el Gobierno no tiene los recursos para este propósito, pues exijan a los Fondos de Pensiones, invertir un porcentaje de nuestras pensiones a través de unos Títulos de Desarrollo Forestal (TDF), que emita Finagro, para poder colocar esos recursos a través de una línea de crédito de redescuento a un plazo de 15 años con tasa de interés baja para fomentar las plantaciones forestales. También están en deuda con los programas de incentivo al riego y mecanización de cultivos. El perverso instrumento (ICR) para incentivar estas inversiones, debería remplazarse por una línea de crédito a largo plazo (10 años), con tasa de interés subsidiada y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG.
En el tintero: Esta semana, el presidente Santos, anunció que había reducido la pobreza en un 41%. Como nadie le creyó, el director del Dane, salió justificar dicha cifra argumentando que ellos no consideraban pobre a quien tuviera un ingreso mensual de $241.673 ¿A quién creen que engañan?