Las investigaciones que se desarrollan dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por lo que el secretario de Transparencia de la Presidencia calificó como un cartel de la contratación, no ha terminado, pero en criterio de ese funcionario, ya debían haberse dado algunos resultados.
El secretario indicó que se armó una macroinvestigación y la Fiscalía hasta el momento no ha entregado resultados de corrupción.
El funcionario, sin embargo, aclara que eso había empezado como una simple o una investigación más, pero en el desarrollo de las pesquisas se dieron cuenta que ese caso tenía una gran envergadura y ha terminado en una macroinvestigación en virtud de los recursos que se dispusieron y el número de ciudadanos que podrían terminar involucrados en probables prácticas de corrupción.
Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, dijo que antes de que concluya el presente año, regresará a La Guajira, para dialogar con líderes y mirar resultados de las investigaciones.
Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, recordó que fue la misma directora nacional del Icbf, Astrid Cáceres, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía luego de las primeras visitas que hizo a La Guajira, en sus primeras semanas de estar al frente del organismo de asistencia social para niños, adultos y la familia. Indicó que inicialmente fueron ellos, los que adelantaron una auditoría forense al Icbf, la cual desencadenó en el macro caso indicado.
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El del Icbf es uno de los casos que más ha llamado la atención de los investigadores, veedores y líderes sociales de la península, pero no es el único y según Idárraga Franco, existen otros que deben ser llevados hasta el final de la investigación como el que se le lleva a un organismo que es conocido como el Fondo Mixto de la Sierra Nevada, una organización con la que se ha contratado desde La Guajira, pero los resultados no han sido los esperados.
También habló Idárraga en su reciente visita a Riohacha para reunirse con el Comité Regional de Moralización y obtener resultados de los organismos de control y recibir más denuncias del caso que ha generado incertidumbre entre más de 60 beneficiarios del proyecto de vivienda llamado Belén Curiel, el cual pese a tener los recursos asegurados en su debido momento, no fue concluido y algunos de los que están en la lista de beneficiarios, deben prácticamente invadir los predios para construir una vivienda a la altura de sus condiciones económicas.
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Al referirse al icónico caso del puente del Riito, manifestó que le preocupa que cada vez se sigan dando nuevas fechas para la entrega de la obra y aunque informan que lo que falta es muy poco, no la entregan. En este contrato, la delegada de la Fiscalía informó que estaban a la espera de que la obra pudiera ser entregada para poder determinar faltantes o fallas que se hubieran podido dar.
El caso de una denuncia por posibles irregularidades en un contrato de administración que se hizo en la terminal de transporte de Riohacha y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el Distrito nunca recibió, son dos contratos de los que Transparencia no se ha olvidado y muy a pesar de estar en conocimiento del Comité de Moralización, a la hora no hay resultados o información de lo que ha pasado con ellos y si se encontraron o no irregularidades con los recursos oficiales que fueron destinados para ellos.