Se fijaron fechas para el “Día D”, la reubicación y el desarme, pero no estuvieron listas las zonas, ni los campamentos, ni los contenedores. Y en ese ambiente de improvisación, Alape salió a decir que no hay que preocuparse por las fechas. Claro. ¿Cuándo las Farc se han preocupado por ellas? Estiraron el proceso cinco años y, hasta donde se sabe, no han entregado las listas prometidas de activos –la Fiscalía los está buscando– y no han devuelto los niños, mientras políticos, medios y funcionarios se rasgan las vestiduras sin efecto alguno.
Entre tanto, el secretismo ronda los listados de efectivos y milicianos, mientras sus socios narcotraficantes buscan colarse. Dos de ellos lograron que el Gobierno utilice su competencia para congelar la extradición, hasta establecer si pertenecen o no a las Farc, lo cual dirimen las mismas Farc. ¡Qué tal! Una peligrosa zona gris que desconoce la realidad de tres décadas en que muchos guerrilleros se volvieron narcotraficantes y muchos narcos fueron “socios” cercanos de la guerrilla, los mismos que hoy, si no los dejan colar, cantarán contra las Farc en Colombia o Estados Unidos. Si se abre semejante tronera estaremos ante la operación más grande y desvergonzada de lavado de activos y de impunidad nacional e internacional para las mafias, todo bajo el paraguas generoso del narcotráfico como delito conexo y no extraditable.
Pero las cosas cambian. Al margen de si nos gusta o no Trump, siete de cada diez estadounidenses aprobaron su discurso reciente, basado en el proteccionismo económico y de seguridad, este último frente al terrorismo y el narcotráfico, que en Colombia se han retroalimentado mutuamente. Para bien o para mal, el narcotráfico vuelve a la agenda prioritaria entre los dos países, con muy poco o ningún espacio para la permisividad y la no extradición.
Mientras se pretende cerrar la puerta a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, se abre con diligencia gubernamental cualquiera que acelere la de Andrés Felipe Arias a Colombia y le cierre el paso a la posibilidad de asilo, frente al juicio y la condena más politizados de nuestra justicia en los últimos tiempos, así la Corte Suprema y el Gobierno proclamen su neutralidad e independencia.
En diciembre de 2016, el presidente manifestó solemnemente que “mi Gobierno no ha perseguido a nadie nunca, no es nuestro estilo”. Estuve entre la risa y la indignación. Lo he sufrido y lo ha sufrido Fedegán de una manera infame. Tengo muchas, pero sobre todo 349 razones de carne y hueso que lo desmienten, las de los empleados difamados y despedidos tras la liquidación ilegal e irresponsable del Fondo del Ganado. Qué pensarán el exministro Arias y otros funcionarios del gobierno Uribe; qué pensarán los defensores del NO; qué pensarán Vicky Dávila y otros comunicadores que han enfrentado la verdad oficial.
Por lo pronto, es inaudito el último episodio de la persecución contra el exministro Arias. El juez le solicita al Gobierno explicar la situación del tratado de extradición. La canciller responde que “está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado”, minimizando la “bobería” de que fue declarado inexequible y, por ende, inaplicable para Colombia desde 1987. El presidente, por su parte, afirmó que Holguín “se limitó a responder esa pregunta de forma clara y específica”. Por supuesto, esas minucias de la constitucionalidad poco cuentan para un Gobierno que desconoció la voluntad popular en las urnas.
¿Qué pasaría si, con el mismo rasero, Estados Unidos pide en extradición a todos los cabecillas de las Farc?