Un balance equilibrado de lo que el año 2016 significó para la vida política colombiana lo podemos resumir como el tiempo en el que se desbroza el camino hacia la paz y a una democracia pluralista en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.
La información que causó temor fue que, vendría a Riohacha una comisión de la Dian y la Sijín desde la capital del país, a realizar un gigantesco operativo tendiente a decomisar los automotores de modelos recientes, que transitan por los principales ejes viales del departamento.
La reunión estuvo precedida por los secretarios de Gobierno del Departamento y Distrito; Wilson Rojas Vanegas y Jairo Aguilar Deluque respectivamente, y además, contó con la presencia de Ronal Gómez García, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Riohacha. Calidad y competitividad para el Caribe La piedra de escándalo y que causan indignación y gran impacto públicos”.
Traemos a colación estas dos acepciones de la palabra escándalo para contextualizar lo acaecido en la población de Conejo, en La guajira el pasado fin de año en la Zona de pre-agrupamiento de las Farc.
Allí como en todo el país se festejaba el fin del año 2016 y el llegada del nuevo año 2017, pero sobre todo se celebraba alborozadamente el fin de un conflicto armado que ha asolado al país por espacio de más de 50 años y fue en ese ambiente festivo y distensionado en el que hacían parte de la Misión de Verificación de la ONU presentes en el sitio accedieron a bailar con integrantes de las Farc. Es una verdad de a puño que la paz se construye desde los territorios y cada uno de estos tienen sus peculiaridades y quienes las habitan su propia idiosincrasia.
En el Caribe colombiano bailar no comporta la connotación de intimidad que pueden darle en otras latitudes, así de claro y sencillo. En este contexto vemos en este incidente intrascendente y frívolo nada incorrecto, degradado o inmoral condenable o que sea motivo de indignación ciudadana, como para desatar una tormenta en un vaso de agua. La revelación del video que sirvió de piedra de escándalo dio pie para magnificar este hecho, que no tiene por que empañar el proceso en curso del establecimiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para la dejación de armas por parte de las Farc, derivando en la separación por parte de las Naciones Unidas de quienes siendo parte de la Misión se vieron involucrados en este enojoso episodio.
Esta medida nos parece desproporcionada y sienta un precedente funesto, porque muy seguramente situaciones como estas se van a repetir en el decurso del proceso, seguirán apareciendo más fotos y videos tan “comprometedores” como el de Conejo. Entonces, de dárseles este mismo tratamiento se estaría minando la confianza entre las partes, tan indispensable para el buen suceso del mismo.
Así como recientemente el gobernador de Antioquia Luis Pérez y el Alto Comisionado para la Paz demandaron de las Farc el cumplimiento del Acuerdo Final y de los protocolos para su implementación, es bueno precaver que hacia el futuro hechos como este, que pueden llegar a presentarse, dado que las autoridades civiles y de policía deberán interactuar allí con los integrantes de las Farc, no vayan a poner en riesgo la continuidad del proceso.
Ello, para evitar que los enemigos agazapados de la paz le sigan metiendo palos en las ruedas para impedir que se construya confianza entre las partes y así poder construir la paz estable y duradera que todos anhelamos. Pero en donde hay voluntad hay caminos y todos los inconvenientes y los entuertos que se han ido presentando se han ido superando con éxito y eso es lo más importante. Se impone el consejo del escritor español Miguel de Unamuno: hay que tener cabeza fría y corazón caliente, para poder abrirle camino a la concordia y a la reconciliación en medio de la crispación que embarga al país y la hiperestesia colectiva que lo obnubila.
Y a este propósito, resulta de la mayor conveniencia apretar el paso para la puesta en marcha la estrategia de corresponsabilidad entre Nación y territorios de la política pública atinente a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto (Decreto 2460 de 2015), que estuvieron en el centro de las negociaciones y ahora deben estarlo en la implementación de los acuerdos. Esta es una de esas responsabilidades que la Nación endosó a los departamentos, pero sin asignarle los recursos necesarios y suficientes para asumirla. Se deberan arbitrar oportunamente para no postergar por más tiempo su cabal cumplimiento, que entraña, como lo está exigiendo la Procuraduría General de la Nación desde ya a los gobernadores, la oferta institucional para asegurarle a las víctimas el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
En el mismo sentido se había pronunciado la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y el auto de seguimiento a la misma 373 de agosto de 2016. millones de toneladas de arroz, 2.5 millones de toneladas de papa, 3.285 millones de litros de leche, 860 mil toneladas de carne bovina o 1.5 millones de toneladas de maíz, entre otros alimentos de consumo nacional, no es cosa fácil en un país que carece de vías terciarias, transporte ferroviario, distritos de riego, transferencia tecnología y acceso a la educación en las zonas rurales.
A pesar de los anteriores problemas, y de la incertidumbre jurídica en las políticas de tierra, arancelaria y de precios, los sectores de la producción agropecuaria siguen haciendo grandes inversiones en muchas zonas rurales de este país donde siquiera existe un puesto de policía y la provisión de bienes públicos. Según cifras del Dane, en el año 2015, el sector avícola invirtió alrededor de $16.5 billones, los cafeteros $5.5 billones, los floricultores $2.9 billones, la porcicultura $2.8 billones, los productores de aceite de palma $2.4 billones, los arroceros $1.8 billones, los azucareros $1.5 billones y los bananeros $1.3 Billones, para citar unos cuantos ejemplos.
¿Se imaginan la potencia agrícola que sería Colombia sin los esos obstáculos? No hay que desconocer los esfuerzos que han hecho el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri y su equipo para impulsar el sector agropecuario de nuestro país, pero como dice el refrán popular “una golondrina no hace verano”. Si el presidente Juan Manuel Santos, pretende que el sector productivo le ayude a resolver el problema de seguridad alimentaria, generar más empleo rural y saque adelante el postconflicto, va a tener que implementar un “Fast Track” para el agro. La radiografía y el diagnóstico mostrado por el Dane en el reciente censo agropecuario, exige acciones inmediatas, compromiso y voluntad política de varios de sus ministros.
Con un “Fast Track” para el agro, el Gobierno Nacional podría expedir medidas inmediatas que brinden confianza y seguridad a los inversionistas del campo, reduzcan el “costo país” y ayude a mejorar la competitividad de los agronegocios. Y sobre todo, que agilice la disponibilidad y ejecución de los recursos de ayuda al sector para que estos lleguen a los productores “antes de” y no “después de” los calendarios de siembras.
Un “Fast Track” para el agro, que permita duplicar la transferencia de tecnología, los programas de emprendimiento a jóvenes del campo, la sistematización en los procesos de acceso a los incentivos de productividad, cobertura de riesgos y acceso a crédito agropecuario. Si ya nos pusimos de acuerdo en cuál, dónde y cuánta agrícola desarrollar en el país, pues asuman el compromiso de decir cuánta de esa agricultura están en condiciones de apoyar como Nación y cuáles van a ser los planes de inversión más idóneos que piensan implementar para alcanzar los objetivos definidos. Esto no da más espera. nuestra Nación en el 2016 no ha sido ni es la obtención de la paz y la democracia pluralista, no obstante, lo que se ha hecho es importante: desbrozar parte de una dificultad para construir un Estado Constitucional de Derecho, que es el objetivo.
En este norte (Desbrozar el camino hacia la paz y la democracia pluralista dentro de un Estado Constitucional de Derecho) es que debemos interpretar el significado positivo de lo que ha sido el desmonte de una estructura político-militar como las FARC mediante la suscripción de un imperfecto acuerdo de paz que, por más imperfecto que sea, baja la intensidad de la violencia en el país y recuperará un grupo significativo de colombianos para la democracia. No se ha obtenido la paz ni se ha construido una democracia pluralista, menos se ha edificado el Estado Constitucional de Derecho que necesitamos, tampoco se ha desbrozado integralmente el camino hacia a la paz y la democracia.
De hecho, hay grupos armados que negocian su desmovilización y aspiran a su reincorporación a la vida civil y es indispensable lograr, en forma razonable, su desmovilización y legitimar el acuerdo. No obstante, la dificultad mayor que tiene la construcción de la paz y la democracia pluralista en un Estado Constitucional de Derecho es la existencia de una fragmentación política de la nación y una seria debilidad en materia de legitimación del Estado, fruto de una institucionalidad que no está configurada para sociedades democráticas. Esta realidad política y la debilidad de las instituciones demandan un rediseño inmediato.
Lejos estamos de la paz, lejos estamos de una democracia pluralista y de un Estado Constitucional de Derecho. Y mucho más lejos estaremos de este último objetivo, necesario para nuestra sociedad, si no nos ponemos a deliberar sobre esta materia, ya. La necesidad de apelar a un mecanismo constitucional como el ‘fast track’ prueba, en forma notoria, que nuestro diseño constitucional no es el perfecto para la paz. Tener que modificar el marco constitucional para validar el acuerdo confirma la debilidad de nuestra Carta Política.
La validación de este acuerdo de paz -que debería contar con el respaldo de toda o la mayoría de la sociedad civil, y no lo obtuvo ni lo tiene- condujo a su validación mediante el ‘fast track’, en momentos en que se requiere de cartas políticas rígidas, trae aparejada la idea de que nuestra Constitución Nacional no es más que una ley cualquiera y no un pacto del constituyente primario. Esto hace débil, aún más, nuestra democracia y dificulta una paz duradera y la convivencia democrática en el país. He apoyado y apoyo el proceso de paz. Ni más faltaba.
Sin embargo, no podemos pasar la página de una realidad: las instituciones no responden a la diversidad y pluralismo de nuestra sociedad. Se olvida que la Región Caribe, en forma aplastante votó por transformarse en una región autónoma que se enmarque en una democracia pluralista dentro de un Estado Constitucional de Derecho. La Región Caribe tiene legitimidad política para que su aspiración sea realizada en un pacto constituyente o en el ‘fast track’.