Finalmente, después de calcular el momento preciso para su presentación, es decir después del plebiscito, el Gobierno decidió presentar al Congreso la reforma tributaria. Los tiempos eran perfectos, pero el problema es que ganó el NO.
Esto significa que el Gobierno, con el desgaste de la derrota, su credibilidad menguada y con la olla raspada, deberá presentar y pasar una reforma tributaria que tape el hueco que dejó la crisis petrolera y el incremento del servicio de la deuda. La situación no es nada fácil. Pero se requiere la reforma o, de lo contrario, nos bajarán la calificación de la deuda y eso subirá el déficit. Para tener una idea del problema, el sólo hueco petrolero es de 27.2 billones y el aumento del servicio de la deuda como resultado de la devaluación es de 7.2 billones, lo que en conjunto equivale a la astronómica suma de 34.4 billones.
¿Cómo llegamos a esto? Claramente se pueden evidenciar situaciones coyunturales que implican la reducción de las rentas . Pero el punto principal es que no se ahorró en la bonanza y, ahora, que hay crisis, se recurre a los contribuyentes para que tapen el déficit generado por el derroche, el crecimiento del gasto de funcionamiento y la corrupción. Lo cierto es que la reforma tributaria, como se está planteando, dada cuenta la crisis y el débil crecimiento económico del año, puede resultar contraproducente para la recuperación de la economía. Es una reforma grande, que pretende ser estructural, pero no lo es.
Trae de todo y pone cosas
acá y allá en el Estatuto Tributario, pero no se armoniza de manera adecuada. Pretende ante todo hacer recaudos sobre el consumo, las empresas, las personas naturales, etc., es decir sobre todo y todos, sin tener un planteamiento claro de política pública para el fomento y crecimiento económico. Se limita a buscar más recursos, sin importar las consecuencias que esa sed fiscal tenga sobre la competitividad, el desarrollo, el ahorro y el empleo.
El paquete tributario incluye IVA del 19%, 4x1000, impuestos a los dividendos, unificación de la tasa de renta y CREE al 32%, conservación de la sobretasa de renta y el impuesto a la riqueza, una nueva forma cedular de depuración de renta para las personas naturales, impuestos a las bebidas azucaradas, el internet, la gasolina y la compra de vivienda, normas anti evasión, incremento de la renta presuntiva, ajuste a las normas de procedimiento tributario y las normas tributario-contables de los obligados a llevar contabilidad. Es profunda y grande, pero no integral.
No tiene una visión definida de los tributos y su modelo económico. Obliga a declarar a más personas, pero de ellos poco tributo se sacará, conforme a que los colombianos no son ricos como si lo son los daneses. Pondrán a pagar más impuestos a la clase media, impidiendo su sostenibilidad y crecimiento, y a los consumidores, con consecuencias directas en su bienestar. La inversión y las empresas seguirán siendo los más afectados, dada cuenta a que continuarán la sobretasa y el impuesto a la riqueza, con una reducción mínima de tasa en renta a futuro, lo cual tiene sentido político, pero con un aumento en la tributación efectiva de esas mismas rentas, por el aumento de la base y la inclusión del impuesto a los dividendos, que es un impuesto a esas mismas rentas. Aunque es necesaria la reforma, el Gobierno tiene una gran responsabilidad en recortar gastos y hacer un mejor uso de los recursos, para no estar haciendo reformas cada vez que hay un hueco fiscal creado, en parte, por el derroche y por la corrupción.