Es realmente incomprensible lo que está pasando en el país. Estamos siendo testigos de marchas estudiantiles y de movilizaciones ciudadanas sin sentido, azuzadas por políticos y líderes de opinión sin escrúpulos, que claman a grito herido “acuerdo ya”, sin que los manifestantes sean conscientes de las consecuencias de implementar su pedido.
No es comprensible que personas que están en altos cargos del Estado, ni el Presidente, pretendan, o si quiera piensen, desconocer el resultado del plebiscito, por cuanto estarían desconociendo de manera directa la Constitución Política de Colombia, la cual, para ilustración, transcribo en su parte pertinente: “ARTICULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto).
Y esto es tan claro que la misma Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de la ley que convocaba al plebiscito, determinó que su resultado era vinculante para el Presidente si se aprobaba, pero al no encontrar la Corte que el texto de la ley tuviera determinadas las consecuencias si ganaba el NO, indicó de manera expresa que se debía recurrir a la norma superior -la Constitución-, para darle efectos a la decisión negativa de la ciudadanía, lo cual no era más que la imposibilidad de implementar el Acuerdo Final.
Lo dijo de manera sencilla la Corte, al indicar que “la decisión negativa del electorado inhibirá dicha implementación del Acuerdo Final”, sin perjuicio de las facultades presidenciales para mantener el orden público, entre ellas la posibilidad de suscribir acuerdos con grupos ilegales, y la posibilidad futura de que se someta a consideración del pueblo un acuerdo distinto. Armonizando todo lo anterior es claro que el Presidente está vinculado a la decisión del pueblo, la cual tiene que cumplir.
Por ello, no puede implementar el Acuerdo Final que suscribió con las FARC. Si quiere un “acuerdo ya”, este debe ser material y sustancialmente distinto, lo cual no se hace cambiando unas comas o aclarando unos aspectos. Distinto es reformarlo en su integridad para cumplir con lo ordenado por la Corte y por el pueblo, y, después de modificarlo integralmente, someterlo de nuevo a la decisión del pueblo soberano. Implementar el Acuerdo Final, con cambios inanes, es saltase al pueblo soberano, lo cual equivale a un golpe de estado.
Así, lo que empezó en el corregimiento de Conejo-Guajira, como un acto ilegal de pedagogía guerrillera, secundado y permitido por el Gobierno, puede terminar en un golpe de estado al pueblo soberano, es decir a la democracia, mediante la implementación por parte del Presidente del Acuerdo Final improbado. Con todo ahínco, resolución y determinación, cualquiera que diga ser demócrata en este país, debe oponerse a la implementación del Acuerdo Final al estilo “yo hago lo que me de la gana” que trama el Gobierno Nacional, con la ayuda de la unidad nacional y otros partidos, que claman ser demócratas y que con sus hechos y acciones demuestran que no lo son. Llegó la hora de que el Gobierno asuma que perdió la elección plebiscitaria y que ello trae unas consecuencias de las que no puede escapar. Escapar de ellas, implementando el Acuerdo Final sin modificaciones que recojan un amplio consenso nacional, para que después este sea refrendado por el pueblo, es hacerle conejo a la democracia y es un golpe de estado.