Este año ocurrió lo impensable: El gobierno central giró su atención a la autonomía de las regiones que proponemos de tiempo atrás para generar equidad entre el centro y las zonas periféricas del país.
¿Por qué ocurrió esto? Tres eventos se conectan este año para darle vida a la necesidad imperiosa de que Colombia reconozca que las regiones son adultas y pueden generar gobiernos capaces y consistentes.
El primer evento es la responsabilidad que adquirirán las entidades territoriales en el posconflicto. Lo analizamos con el presidente Juan Manuel Santos en la reciente Cumbre Rural de Gobernadores realizada en Montería. Allí, los mandatarios departamentales hicimos énfasis en el rol que jugará el campo colombiano en la consolidación de la paz.
El segundo es la obligatoria revisión del Sistema General de Participaciones (SGP) que rige las transferencias de recursos a las regiones, ya que este año se corre el riesgo de que se renueve el aplazamiento del régimen aprobado por la Constituyente del 91. Es urgente revisar el reparto de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) hacia las entidades territoriales porque su reducción, autorizada por los últimos gobiernos, limita las inversiones en las regiones.
El tercer evento es el Mecanismo de Refrendación que se escogió para ratificar el proceso de paz de La Habana. La firma de los acuerdos jalonará la revisión, no solamente del ordenamiento territorial, sino del estatuto de oposición y las reformas al sistema electoral.
Es la gran oportunidad para destrabar el cerrojo que impuso la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot) a una organización de país más equitativa. Esa ley contradice el mandato popular de la Constitución del 91, pues prácticamente prohíbe la aparición de figuras territoriales sólidas con asignación presupuestal adecuada.
Las negociaciones en La Habana se encuentran en la recta final y quedan asuntos pendientes como la desmovilización y el desarme, no obstante, resaltamos que ya se aprobó el mecanismo de refrendación de los acuerdos: Se hará a través de un plebiscito y no de una Constituyente. Este plebiscito será convocado mediante un acto legislativo para la paz que deberá ser legitimado con un umbral del 13 %, es decir, al menos, 4.5 millones de votos.
Ese acto legislativo proporcionará, además, unas facultades extraordinarias al Presidente para que durante 80 días pueda impulsar las 30 reformas constitucionales y las 50 leyes que se necesitan para cumplir con lo pactado en La Habana.
Santos podrá entonces, a través de decretos Legislativos, tramitar los acuerdos necesarios para hacer reformas institucionales, económicas y sociales. Debemos concretar con el gobierno nacional que se incluyan reformas que permitan la autonomía y llegar así a un Estado Regional. Esta será una oportunidad histórica para revisar todo conjuntamente: El papel de las regiones en el posconflicto, la LOOT, el SGP o Transferencias y el mecanismo de refrendación del proceso de paz.
El pueblo colombiano debe salir masivamente a respaldar al presidente Santos, apoyar la aprobación del plebiscito y así tendremos un gobierno con las facultades para tramitar un nuevo ordenamiento territorial que traerá bienestar a todas las regiones del país.
Lo que corresponde es impulsar el proceso de paz con una perspectiva regional. Tener muy claro desde las universidades, los gremios, nuestros congresistas, la ciudadanía, cuál debe ser el reparto adecuado de recursos y competencias para la materialización del Estado Regional. Así, toda Colombia hará un verdadero clic con el gobierno nacional.