Al que no le gusten las Farc o los acuerdos donde se les entrega representación política, impunidad y facultades para juzgar a todos los colombianos, que se calle y se someta; esa parece ser la consigna de Santos y los amigos de La Habana.
El exfiscal ha demandado una resolución de la Presidencia con el propósito macabro de elevar a estatus de tratado internacional los acuerdos del Gobierno con las Farc. La demanda de una resolución debió ser atendida por el Consejo de Estado; sin embargo -en contra de la ley- la Corte Constitucional ha abocado su conocimiento. Es una mala señal. Esto significa que ya está montado el plan. Como ni el Gobierno Santos ni las Farc tienen respaldo popular, como una consulta popular seria, que indague la voluntad de los colombianos, resultaría contraria en los asuntos de impunidad y representación política de criminales de lesa humanidad, la entrega de las armas y el dinero, el respeto a las fuerzas armadas, y esa jurisdicción mediante la cual las Farc pretende juzgar a los colombianos; entonces optan por asumir poderes desorbitados, inconstitucionales y antidemocráticos.
Y decía que la Corte, al aceptar esta demanda, nos deja saber que fallará de acuerdo con los intereses del Gobierno y el terrorismo. La consecuencia de un tratado –eso pretende- es que la voluntad democrática del país no pueda alterar los acuerdos. Quieren que los acuerdos tengan un nivel superior a la Constitución, que ni siquiera una asamblea nacional constituyente pueda modificar las concesiones otorgadas. Quieren que las trampas con las que se hicieron al poder, la exclusión con la que manejaron la negociación de La Habana y las garantías para los terroristas se petrifiquen en desmedro de los derechos de la democracia, de la oposición política y de la ciudadanía.
Estamos viendo los alcances del gobernante más impopular de Colombia, que entre más débil está, mayores poderes y atropellos pretende cometer. Le reconozco al Gobierno la superioridad sombría de la estrategia de implementación. Un plebiscito que es una farsa de refrendación, donde los colombianos solo pueden votar por la paz o la guerra; o lo toman todo o lo niegan todo. Financiación y umbrales diseñados para hacer imposible la derrota. Luego la incorporación automática de los acuerdos en la Constitución, donde el Congreso lo toma todo sin poder modificar nada. Santos con poderes de legislador por seis meses para expedir leyes ordinarias sin límite. Y finalmente, ante los atropellos y la imposibilidad de discutir y modificar los acuerdos, si la idea de la Constituyente se abre paso como lo ha venido haciendo, el acuerdo especial de derecho internacional, con categoría supra constitucional para que nadie pueda modificar nada.
Estamos ante la estocada final al sistema democrático. Las Farc ganaron lo que han llamado guerra. Sus cabecillas no pagarán cárcel, entrarán a la política, con más garantías que la oposición democrática; conservarán dinero ilegal, y tendrán jueces a su servicio para perseguir judicialmente a todo aquel que se haya o pretenda oponérseles. Solo nos dejan la calle para expresar con resistencia civil el inconformismo y seguir defendiendo la justicia y la democracia.
Por: Paloma Valencia Laserna