En este país, cuna del sin sentido y del realismo mágico, bueno para la literatura pero malo para la sensatez, se lanzan teorías jurídicas y políticas que rayan en lo absurdo y ridículo.
Es absurdo y ridículo pretender que los acuerdos con las Farc sean considerados tratados internacionales.
Jurídicamente podemos hacer todo tipo de análisis, estudios y silogismos para tratar de sustentar o defender las tesis de que estos acuerdos pueden o no pueden ser considerados tratados internacionales, pero, debe primar sobre nuestro análisis, la sensatez.
Por un lado, están quienes indican que el Convenio de Ginebra de 1949 es un mecanismo jurídico para mitigar las atrocidades de la guerra. Inclusive indican que son obligatorios, no sólo para los firmantes, como Estados Soberanos, sino también para las contrapartes de un estado en caso de conflicto interno. También señalan que el Convenio no es para regular situaciones de paz, sino
de guerra, para humanizarla, y por ello las partes pueden llegar a acuerdos especiales sobre asuntos de guerra.
Con este contexto, no sería adecuado, para ellos, considerar que esos acuerdos de paz, para el postconflicto, se sumerjan en un mecanismo jurídico diseñado para humanizar la guerra. Igualmente señalan que, por simple definición, los tratados internacionales se suscriben entre
Estados, entre iguales, para regular conductas o solucionar conflictos internacionales. Así, por simple sustracción de materia, las Farc, que no son estado y en el contexto de un conflicto interno, no podrían suscribir un tratado internacional con el Estado colombiano.
Además agregan, que realizarlo violaría la Constitución Política, porque el Estado Colombiano no se puede igualar a delincuentes que debe someter y judicializar como parte de su misión constitucional.
Todo esto, que suena coherente y lógico, tiene su argumento opuesto, por absurdo y ridículo que parezca. Así, para otros, las Farc son un grupo rebelde, que controla un territorio y una parte de
la población y, por ello, son un “Estado” en parte del territorio Colombiano, o por lo menos tienen un estatus de beligerancia que implica que son poseedores de derechos políticos a nivel internacional, lo cual los equipara a un pseudoestado.
Por todo lo anterior, para este grupo de pensadores, sería perfectamente viable firmar un tratado internacional con las Farc para incluir, dentro de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano, con categoría superior a la
Constitución y/o parte del bloque de constitucionalidad, lo que se acuerde en La Habana. Para estos pensadores criollos, que buscan favorecer a los delincuentes, habría dos vías: directamente a través de un tratado o, por lo menos, a través de la utilización del Convenio de Ginebra de 1949, en particular el Artículo 3 del Protocolo I que trata asuntos sobre los conflictos no internacionales. Pero lo peor es que esta postura se está considerando y es parte de lo que se está negociando en La Habana. ¿Cómo llegamos a esto? La negociación la inició, sin necesidad y sin un mandato popular expreso para ello, el Presidente Santos.
En ese entonces las Farc eran un grupo diezmado, reconocido internacionalmente como un grupo terrorista y carente de visos o de reconocimiento interna cional como Estado o pseudoestado. Ahora, después de años de estar sentados con ellos negociando en La Habana, Santos le ha dado a las Farc cierto estatus de beligerancia y/o de legitimidad internacional dentro de la dinámica de la negociación, lo cual permite que ahora estemos discutiendo la absurda, ridícula y descabellada idea de que el acuerdo con las Farc pueda ser un tratado internacional entre iguales o un acuerdo humanitario de guerra para la paz, superior a la constitución y/o parte del bloque de constitucionalidad.
Por: El Pajaro de Perogrullo