El repudio fue inmediato, universal y contundente. Era inconcebible que la Anla, en contravía de su deber-ser, concediera una licencia para explotar 150 pozos petroleros al lado de la sierra de La Macarena. El rechazo de la sociedad colombiana se sintió enérgico y abrumador.
Caño Cristales quedó en alto riesgo por la absurda licencia ambiental; ese sitio es mucho más que un santuario ecológico y la joya de la corona turística del oriente colombiano. Los apelativos del “río de los cinco colores”, “el río más hermoso del mundo”, “el río que escapó del paraíso”, o “el arco iris que se derritió”, se quedan cortos; tal es su singular hermosura. Sí; es un río pequeño, pero no insignificante. Con sus 1.200 millones años de antigüedad, la Serranía de la Macarena, por donde su corriente transcurre, hace parte de tres ecosistemas de rica biodiversidad en flora y fauna: la Cordillera de Los Andes, los Llanos Orientales y la selva del Amazonas. Explotar el petróleo en esa zona es destruirla, con serias repercusiones ecoambientales, al decir de los expertos. Una completa barbaridad.
No se entiende cómo pudo ocurrir tamaña locura. Pero, en verdad, no parece gratuito que las licencias ambientales se dispararan en la última década; tampoco, la aspersión de glifosato por todo el territorio nacional; menos aún, la lenta, pero inexorable implementación del destructivo fracking, ni la ilegítima desviación de ríos o desecación de cuerpos de agua con destino a la minería, agricultura o ganadería, que terminan liquidando delicadas biosferas; basta mirar el daño que a playas como las de Santa Marta ha hecho el carbón.
Agregue ahora la falta de educación ambiental de muchos ciudadanos, quienes entre muchas estupideces, inundan acuíferos de basuras no biodegradables y no reciclables; la irresponsabilidad de sectores productivos que contaminan los ríos con químicos peligrosos; o, peor aún, las destructivas actividades ilegales que atentan contra el suelo, además de la indolencia, ignorancia y corrupción de algunos funcionarios públicos, y los desaforados intereses económicos de muchos actores, corruptores casi siempre. Con indolencia, estamos liquidando con lo poco de país que nos han dejado. Y, los medios de desinformación, dedicados a la farándula.
Sí; la protesta ciudadana en bloque ha sido eficaz para atajar los propuestos ecocidios de Santurbán, La Macarena y algunos otros. Muchos funcionarios públicos, conscientes de su responsabilidad social, se opusieron decididamente a la estupidez de la Anla; el presidente Santos intervino para congelar la atroz resolución. Pero no es suficiente: los codiciosos depredadores y sus cómplices dentro del Estado están ahí, agazapados, esperando dar el zarpazo al menor descuido.
No ha bastado la destrucción de páramos y montañas, o la catástrofe de nuestros ríos y lagunas; menos aún, la calamidad de nuestros preciosos mares; tampoco interesa la pérdida de territorios y océanos desde nuestro origen como nación, como lo expuse en pasada columna. El ciudadano del común siente que, además de ir a saquear las arcas del erario, muchos funcionarios no tienen las competencias reales –independientemente de sus pomposos títulos, a veces inventados- ni el interés en salvaguardar nuestros bienes, o, menos aún, piensan en el futuro de Colombia.
Las lecciones que dejan estos episodios se convierten en campanazos de alerta: “ojos abiertos, oídos despiertos”, diría el apóstol Mateo. Ahora, el Alcalde de Bogotá, sin estudios de impacto ambiental, pretende pavimentar y edificar la delicada reserva de Van Hammen y construir un metro elevado, previéndose otra tragedia ecológica. Hay que atajarlo también.
Nos preguntamos varias cosas: ¿Cuál es el criterio real para escoger a los funcionarios de ciertas dependencias públicas? ¿Qué hay detrás de algunas licencias ambientales? ¿Cuáles son las acciones que tomará el actual gobierno? ¿Repetiremos las tragedias de La Guajira y el río Rancherías? Ojo, porque la ampliación de la carretera entre Ciénaga y Barranquilla que surca el Parque de Salamanca puede terminar en otra catástrofe ambiental irreparable si no se toman las debidas previsiones: ya se vivió hace pocos años.
Por ahora, la destructiva resolución de La Macarena está detenida, pero sigue viva. Prevenir es siempre mejor que lamentar, y se requieren políticas de Estado para proteger eficazmente a un país cuyo futuro es precisamente su biodiversidad más que los productos mineros. Porque ni beberemos petróleo ni comeremos oro o esmeraldas. Hay que defender a Colombia de los depredadores.
Por: Hernando Pacific Gnecco