La última encuesta sobre la credibilidad de la justicia arrojó resultados dramáticos: 4 de cada 5 encuestados no creen en la justicia. El desprestigio de la rama es brutal. La ciudadanía percibe a La Fiscalía y los jueces como un mal necesario que no hace bien su trabajo.
Existen en el subconsciente colectivo un sin número de problemas en la justicia que hacen que la ciudadanía tenga esa percepción como son los escándalos de corrupción en las altas cortes, la congestión, la demora en investigar y juzgar, los paros judiciales, la mala calidad de las decisiones, el uso inadecuado de los recursos y la falta de efectividad de La Fiscalía en la persecución de los criminales y, lo que es más grave, la politización.
Todo esto se traduce en una des-institucionalización que hace que se afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el acceso al juez, la presunción de inocencia, el tribunal imparcial, el derecho a controvertir las pruebas allegadas en su contra, etc., lo cual acarrea e implica el mayor de los males y es que los fallos no se sustentan en los hechos y el derecho. La
Fiscalía, además, en lugar de estar persiguiendo a los bandidos, como es su deber, se queda en un discurso político y académico alejado de sus fusiones y órbita constitucional y legal.
Contrata por sumas astronómicas y se apoya en asesores de dudosa capacidad para que le digan lo que ya se sabe.
Los togados además se dejan manosear, atienden abogados de manera privada, quienes abogan de manera no santa por sus clientes, y hacen viajes, despedidas y/o homenajes pagados por terceros y que además son de dudosa reputación.
En fin, la realidad demuestra, desafortunadamente, que algunos de los fallos y acusaciones no se dan en derecho sino que intervienen otro tipo de connotaciones a la hora de fallar o acusar como son los intereses políticos, económicos y personales de los jueces y fiscales. Respecto al tema político los fallos y las acusaciones han sido sistemáticamente encaminados a atacar a la oposición democrática. No se investiga y acusa a todos por igual.
Se investigan a unos y no a los otros, y a los unos, se les acusa y sentencia sin pruebas y por conveniencia política del de turno en el poder. No olvidemos el computador de Reyes. ¿Qué pasó con la Farc-Política? Simplemente no es de interés nacional investigar y condenar a los políticos que apoyan a las Farc, conforme a que además investigar y procesar a líderes de izquierda sí es persecución.Por el contrario, hacerlo con los del Centro Democrático si es el pleno y legítimo despliegue de la autoridad impoluta e imparcial del Estado Colombiano. Para la muestra no es sino revisar el caso del Ex-Ministro Diego Palacio, quien fue sentenciado, según él dice, sin tener pruebas en su contra. No obstante, lo que si existe es una grabación donde uno de los magistrados indica que en el fallo no puede tener salvamento de voto y que el mismo se debe realizar de manera condenatoria por consideraciones políticas.
Causa pesar y angustia oír al Ex-Ministro Palacio. Otra víctima es el Ex-Ministro Andrés Felipe Arias quien no se robó un solo peso ni realizó contrataciones de manera ilegal. Lo de agro ingreso seguro respecto al uso de recursos del Estado es además un juego de niños al lado de Reficar y los subsidios y los contratos que ha repartido a diestra y siniestra este Gobierno.
Por: El Pájaro de Perogrullo
Comparte: