El alcalde del municipio de Dibulla, La Guajira, y tres de sus subalternos enfrentan denuncias por corrupción tras la adjudicación de un contrato por 629 millones 740 mil pesos a la fundación Achajawa Anaa. Las acusaciones incluyen tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documentos públicos y concierto para delinquir.
El contrato, correspondiente a la convocatoria pública ESAL No. 018 de 2024, tenía como objetivo fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio bajo el proyecto 'Dibulla Deportiva 2024'. Sin embargo, Miler Sami Mindiola Arias representante de la fundación Aprendiendo a Soñar, una de las entidades oferentes, denunció las presuntas irregularidades ante los entes de control.
Alcalde del municipio de Dibulla, Alberto Montero Molina; el secretario de Educación, Luis Guerra Peña; Jefe de la oficina de Contratación del municipio, Yuliana Almazo Padilla y la inspectora de Policía, Yelica Galván Arregocés; funcionarios quienes fueron denunciados ante la Fiscalía y la Procuraduría General de Nación.
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Según Miler Sami Mindiola Arias, su Fundación cumplió con todos los requisitos exigidos, presentando documentación adecuada y personal domiciliado en Dibulla. A pesar de esto, el contrato fue asignado a una fundación Achajawa Anaa no cumplían con las exigencias del pliego, como la residencia que en las hojas de vida aparecen que residen en Barrancas, pero en la certificación que expidió la Inspectora de Policía Yelica Galván Arregocés, aparecen que habitan en el casco urbano de Dibulla.
La fundación Aprendiendo a Soñar asegura haber identificado irregularidades tras una inspección ocular en las direcciones aportadas por la fundación Achajawa Anaa. Según el denunciante, algunas direcciones correspondían a casas deshabitadas o personas que desconocían a los postulados y además, las direcciones concuerdan con lotes solitarios y enmontados. Además, señalaron que las certificaciones firmadas por el alcalde y otros funcionarios municipales contenidas estarían viciadas de irregularidades.
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También Miler Mindiola Mena, logró adjuntar soportes en donde se evidencia que ninguno de las 11 personas con que la fundación Achajawa Anaa, ejecutaría el proyecto ‘Dibulla Deportiva 2024’, han ejercido el derecho al voto dentro de la circunspección del municipio de Dibulla y además, los servicios de salud tampoco lo reciben en el municipio.
“Al verificar las direcciones, encontramos que no coinciden con la residencia de las personas certificadas. Esto nos llevó a interponer denuncias penales y disciplinarias ante la Fiscalía y la Procuraduría, ya que sentimos que nuestros derechos fueron vulnerados”, precisó Mindiola Arias.
La fundación Aprendiendo a Soñar presentó una propuesta por un valor de 592 millones 990 mil pesos y afirma que todos sus miembros residen en el municipio y han ejercido el derecho al voto en el ente territorial.
Entre las exigencias de la licitación se le otorga un 35 por ciento del puntaje al oferente que demuestre que el personal a trabajar tenga su arraigo en el municipio. Un punto negativo que tiene la fundación Aprendiendo a Soñar es que, presentó la documentación subsanada a 6:58 pm del 30 de octubre del 2024, mientras que su competencia, lo hizo a las 5:20 de la tarde del mismo día.
La fundación Aprendiendo a Soñar inició acciones legales, incluyendo una tutela que interpuso ante el juzgado promiscuo municipal de Dibulla y recursos ante el mismo tribunal de Dibulla, buscando la nulidad del contrato adjudicado. Alegan que las subsanaciones presentadas por su entidad fueron rechazadas de manera extemporánea aun cuando se entregaron, pero, Luis Guerra Peña, secretario de Educación y Yuliana Almazo Padilla, jefe de la oficina de Contratación del municipio, quienes integran el comité evaluador.
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Por su parte, Miler Mindiola Mena representantes legal de la Fundación denunciante acusa al alcalde Alberto Montero Molina de manejar el proceso con falta de transparencia, favoreciendo a una entidad que, según él, no cumple con los criterios esenciales de la licitación, situación que se evidencia a existencia de unos hechos de corrupción.
Mientras el proceso avanza en instancias judiciales, el denunciante confía en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y restablezcan los derechos de los participantes afectados. Este tipo de prácticas afecta la confianza en las instituciones y en los procesos de contratación y la comunidad espera un pronunciamiento oficial por parte de la administración municipal y los organismos de control para esclarecer estas acusaciones.
