La Procuraduría General de la Nación sancionó a los exalcaldes de Riohacha, Juan Carlos Suaza Móvil y José Ramiro Bermúdez Cotes, por irregularidades en el manejo de un proyecto de alcantarillado en la comuna 10.
El proyecto, financiado con recursos del sistema general de regalías, tenía un valor de más de 28 mil millones de pesos. El fallo de la Procuraduría señala que los exmandatarios no gestionaron adecuadamente la compra de los predios necesarios para desarrollar la obra. Los terrenos eran clave para conectar la carrera 12C con la calle 40, un tramo vital para el avance del proyecto. Sin embargo, los trámites correspondientes no se realizaron en las oficinas pertinentes para su ejecución, según lo establecido.
Debido a esta omisión, la obra se vio interrumpida durante casi cuatro años, desde mayo de 2019 hasta diciembre de 2023. A pesar de los recursos asignados y el tiempo transcurrido, a la fecha no se ha concretado la compra de las viviendas afectadas.
El retraso y la falta de gestión por parte de los exalcaldes también afectarán el uso de los recursos. La Procuraduría comprobó que su ineficiencia obligó a la entidad territorial a devolver parte de los fondos que no se utilizaron adecuadamente. Además, se confirmó que los mandatarios no buscaron la adición de recursos necesarios para continuar con la supervisión de la obra, que estaba a carga de la firma Intertecnicinco, bajo el contrato 160 de 201.
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La Procuraduría concluyó que tanto Suaza Móvil como Bermúdez Cotes vulneraron principios fundamentales de la administración pública, como la eficacia, la economía y la celeridad. Estos principios son esenciales para asegurar el correcto desarrollo de obras y proyectos en beneficio de la comunidad. Debido a esto, la conducta de los exalcaldes fue calificada como como grave, a título de culpa grave.
Como resultado de esta investigación, la sanción impuesta a los exmandatarios consiste en el pago de su salario devengado por un período de 10 meses. En el caso de Juan Carlos Suaza Movil, se tomará como referencia su sueldo correspondiente al año 2019, mientras que para José Ramiro Bermúdez Cotes se aplicará su salario en el 2023.
Con esta decisión, la Procuraduría busca sentar un precedente sobre la importancia de una correcta gestión pública, especialmente en proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Es preciso indicar que, como en la actualidad ambos exmandatarios no están laborando con el Estado tendrán que pagarlos de su propio pecunio, porque de lo contrario no podrán contratar y laborar en ninguna entidad del Estado.
