El Congreso de la República está a punto de darle vigencia al nuevo sistema judicial que conocerá de los delitos cometidos durante el conflicto armado. Luego de hacer un estudio del proyecto, vimos con preocupación la ausencia de mecanismos claros de participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial de Paz. Esto es inaudito.
El compromiso con las víctimas, como lo ha dicho Monseñor Henao, debe expresarse garantizando su derecho a participar en la reconstrucción de un país quebrado por décadas de violencia y permitiendo que ese país, les restituya lo perdido y les ayude a superar el abandono y la exclusión que sufrieron. Esto, sumado a la certeza de que los derechos de las víctimas se ejercen principalmente a través de acciones judiciales claras y no de retórica, nos llevó a presentar una modificación para incluir en la ley, la obligación de que se creen garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso suficientes para las víctimas a la justicia transicional. Estas garantías deberán permitir la intervención informada de la víctima en los estrados judiciales y al mismo tiempo, asegurar un acompañamiento institucional.
El objetivo primordial es la suficiente información jurídica para los intervinientes, medidas de protección y seguridad, y, una atención psicosocial que contenga los impactos individuales, sociales y comunitarios que contribuyan al relato de sucesos y experiencias traumáticas. Es necesario que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, opere bajo el principio de la participación de las víctimas creando un protocolo que identifique en que momentos procesales interviene la víctima, a que tiene derecho y cuál será su papel en caso de que haya un contencioso; así como cuál será su reparación a partir de la identificación del daño causado.
Precisamente, en este último tema y con el mismo ánimo de mantener la centralidad de las víctimas en el proceso de paz, presentamos una constancia en la que con toda claridad denunciamos que la reparación integral de las víctimas no cuenta con garantías financieras. Es necesario asegurar los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de las garantías acordadas en La Habana y encontrar fuentes adicionales de financiación. En esa línea, creemos que el Estado no puede ser el único responsable del derecho a la reparación de las víctimas, lo deben ser también los terceros involucrados que colaboraron con mantener, alimentar y reproducir el conflicto armado en Colombia. Si las víctimas son las que más respaldan el proceso de paz, nosotros no tenemos ningún derecho, como legisladores, a negarles a esas víctimas su posibilidad histórica de participar y ser reparadas.