Con la regulación de la marihuana medicinal, Colombia marcó un hito en la salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista. ¡Ganaron los pacientes! El pasado 25 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó en último debate, el proyecto de ley que regula el cannabis con uso y fines medicinales, con fundamento en tres pilares: lo terapéutico, lo medicinal y la investigación científica.
Esta ley logrará aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes colombianos con enfermedades como el cáncer, VIH/ SIDA, esclerosis múltiple, alzhéimer, trastorno de estrés postraumático, epilepsia, enfermedad de Crohn y glaucoma. Además, varios estudios indican que personas con adicción al alcohol y otras drogas más fuertes, pueden ser tratadas con marihuana, reduciendo así su nivel de adicción.
Así, se establece una arquitectura institucional que garantizará que el uso del cannabis sea estrictamente médico y científico. Respondiendo a dos necesidades básicas: la salud de los pacientes y la erradicación de cadenas de micro tráfico en nuestro país.
Dentro de las particularidades del proyecto cabe mencionar, en primer lugar, la auto sostenibilidad de las licencias. Es decir, no incrementar los impuestos de los colombianos. Quien esté interesado en solicitarlas es quien asumirá los costos por los servicios de evaluación y seguimiento para su expedición. También, de manera coordinada con el Ministerio de Educación se desarrollarán estrategias, programas o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en niños, niñas y adolescentes. En la misma línea, el proyecto establece un consentimiento informado cuando el paciente sea menor de edad; serán los padres o tutores quienes luego de ser informados sobre los riesgos o beneficios del uso medicinal del cannabis autorizarán o no la utilización de productos terapéuticos con componentes psicoactivos.
Ahora bien, las modificaciones acogidas por la Cámara de Representantes están encaminadas a: la posibilidad de que el cannabis medicinal sea tenido en cuenta en los programas de sustitución de cultivos; la protección y fortalecimiento a cargo del Estado a los pequeños, medianos productores y comercializadores de cannabis y por último en materia de vinculación laboral, las empresas extranjeras que soliciten licencia, deberán proteger la mano de obra local.
Es nuestro deber como sociedad y Estado un despliegue institucional que permita dejar a un lado el estigma hacia las familias que han encontrado en el cannabis medicinal una solución que la medicina tradicional no les pudo dar y que los pacientes de enfermedades crónicas y terminales puedan acceder a estos productos para su tratamiento en condiciones de igualdad, seguridad y calidad.