La desvinculación de los menores de 15 años que están en los campamentos de las Farc y la introducción de un nuevo artículo en el Acto Legislativo que cursa sus últimos debates en la Cámara, son trascendentales en plena recta final de los acuerdos.
Entre 1999 y 2015, el ICBF atendió a 5.708 víctimas de reclutamiento que escaparon o fueron recuperados por el Ejército Nacional, de los cuales aproximadamente el 60% eran niños.
El reclutamiento de menores en los grupos armados ilegales, no solamente es inhumano, sino que ha sido un propósito que no había podido acordarse en la Habana. De hecho, lograr la salida inmediata de los menores de 15 años y trazar la hoja de ruta para la salida progresiva de los demás menores de edad, es un logro internacional. Jamás, un proceso de paz había alcanzado esto, previa firma del acuerdo final. Por esta razón, reconocer la existencia de los menores de edad por parte de las Farc y acceder a su desvinculación antes de la firma del acuerdo, nos pone más cerca de alcanzarlo.
Ahora bien, el Proyecto de Acto Legislativo, consagra los requisitos para el Legislativo, Ejecutivo y las garantías jurídicas para los colombianos, después de la firma del acuerdo.
Cabe mencionar, la naturaleza de una constitución no es la de acabar guerras ni conflictos, es la de mantener un orden jurídico justo. Entonces, la constitución nunca será un obstáculo para alcanzar una paz con garantías. Más bien, la paz requiere funcionarios y organismos que cumplan fielmente con la Constitución y las leyes. Es decir, el Acto Legislativo solo será efectivo, toda vez que las ramas del poder público colaboren armónicamente para la materialización de lo que en la Habana y en el Congreso se apruebe.
Considero muy importante que el Gobierno Nacional haya hecho énfasis en que se trata de un camino institucional. Luego, las leyes que sean expedidas por el Congreso de la República en materia de paz, contarán con el control automático de la Corte Constitucional. Además, el pueblo colombiano vía plebiscito refrendará popularmente los acuerdos aprobados y negociados en la Habana.
Lo anterior, no solo le da legitimidad democrática en el país sino internacional al proceso de paz. Suiza como país garante y la ONU como organización internacional, permanecerán vinculados a la verificación de lo acordado entre el Gobierno y el grupo armado.
Razón por la cual, este esfuerzo por alcanzar la paz, por la vía negociada, por terminar el conflicto y lograr la reconciliación requerirá el compromiso de cada organismo del Estado y de todos los colombianos.