Las posibilidades de llegar a acuerdos en la negociación del salario mínimo en Colombia están determinadas por la fijación de las posiciones iniciales de las partes en tensión.
Más allá de que los trabajadores y sus representantes tengan o no razón (pues no es ningún secreto en la historia laboral colombiana que el capital ha hecho todo por enriquecerse a expensas de intentar la menor retribución posible por el aporte de la fuerza laboral), lo cierto es que la intransigencia tiende a acompañar a quienes, desde el sector obrero, ven en la negociación del salario un escenario de reivindicación (quizás de revancha) frente a eventos del pasado en los que tal vez no hubo suficiente justicia laboral, o cuando quizás padecieron algún abandono del Estado en la inevitable confrontación ideológica con los dueños de los medios de producción.
Pero si del lado de los trabajadores hay radicalismo, no lo hay menos en los voceros de los gremios colombianos. Es frecuente que quienes negocian, en representación de los empresarios, los términos de la fijación del salario mínimo, presenten sus argumentos en clave de amenaza velada: si no se complace al sector productivo, que es el que genera puestos de trabajo, todo el sistema va a colapsar tarde o temprano, puesto que las empresas se sostienen a partir de su rentabilidad económica, la que estaría en riesgo si no opera un incremento salarial acorde con las duras exigencias de los mercados. En otras palabras: si el empresariado accediere a pagar los salarios “altos” que demanda el colectivo de los trabajadores, su competitividad entraría en riesgo, lo cual iría en directo detrimento de los asalariados, a quienes habría que despedir en masa para así no quebrar.
Se trata de un debate que involucra, como en pocos casos, a todos los sectores de la sociedad, casi sin excepción. De un lado, el trabajo y su protección en tanto que derecho fundamental, lo que decide su naturaleza de obligación social, tal y como la Constitución Política lo dispone. Y, en la otra orilla, las razones económicas, que no van necesariamente en contravía de lo que el Estado debe procurar, también constitucionalmente hablando, y que hallan su base teórica en el casi incontestable argumento de que sin capital no hay producción, y, sin esta, no hay trabajo para nadie. El Estado está en el deber de garantizar que no se acaben las fuentes de empleo, hay que recordar.
En medio de tan pugnaz escenario emergen las diferentes opciones de negociación, todas pasadas por el través de la voluntad estatal, que debe ser el elemento neutral, y que, en ese sentido, debe velar tanto por el cumplimiento de la ley como por la prevalencia del interés general. Este es el tema noticioso por excelencia de todos los diciembres en Colombia: tal vez así, festivamente, los “actores del conflicto” referidos se sienten más relajados tratando asuntos por definición trascendentales.