Los últimos acontecimientos de intolerancia y fanatismo de que hemos sido testigos los colombianos, especialmente respecto de la llamada “sanción social” que impulsan algunos uribistas frente a quienes, en general, no lo son, hacen prever la perpetuación de un escenario social pugnaz para los años venideros, en lugar de la pacificación progresiva a que aspiramos.
No creo que exagere: habida cuenta de que en este país la violencia no física es cosa extendida más allá de la política, no sería de extrañar que en un futuro muy cercano situaciones como aquella en la que la señora de un congresista “centro-demócrata”, que azuzaba por el Internet del celular a bajar de un avión a un ciudadano porque a ella no le gustaba la estrella roja en la gorra de él, se repitan, e incluso se agraven, hasta el punto de la animadversión generalizada, hasta que todos aquí nos relacionemos ya no con palabras sino con insultos, ya no dándonos la mano sino golpeándonos con ella.
Habiendo dicho eso, no puedo dejar de decir lo otro, su opuesto y complemento. Me refiero a que la sanción social, entendida como uno de los niveles de control –también social- que la propia Colombia se puede dar a sí misma, no es, en principio, algo que repugne a la democracia, ni a la libertad: es, por el contrario, un derecho de las personas que va muy de la mano del fundamental a la libertad de expresión. Esto, desde luego, siempre y cuando la libertad para expresarse no se convierta en la excusa de la venganza. Pues lo del avión, la instigación a discriminar que se presentó en su interior, debe re-educarnos en algo: no es válido confundir la legítima prerrogativa que muchos tienen a oponerse a la paz con las Farc, y su renuencia a aplaudirla, con una licencia para la revancha, ahora desde las vivencias del día a día, para que así los vecinos de al lado se constituyan en los nuevos agentes del odio, en una especie de sádicos que actúen pasiva y agresivamente contra “los otros”.
Estoy de acuerdo con la sanción social para todos aquellos colombianos que han matado a otros colombianos en el marco de la ilegalidad, ya sean de la guerrilla o de los paramilitares, de la mafia o de la delincuencia común, políticos o empresarios. Si bien hay que pasar la página histórica, porque así debe ser y contra esto no hay verdad que valga, ningún premio puede haber para gente que no pensó más que en la inmediatez de sus intereses en momentos en que no tendrían que haberlo hecho, porque entonces tenían las armas, y así, el poder de decidir sobre las vidas de quienes no eran capaces de protegerse. A pesar de que, incluso, pretendan demostrar lo contrario (¿era el Mono Jojoy un “defensor de los humildes”?: ¿habrá chiste más estúpido?), la realidad es que no merecen el olvido del pueblo colombiano: solo su perdón. Apenas eso, y porque es –ya lo sabemos- necesario.
Yo, por mi parte, no votaré jamás por el partido político de las Farc, ni por el que el ELN llegue a tener; tampoco respetaré internamente nunca a un individuo como Popeye, o a alguno de los demás criminales que han hallado su negocio amargándonos la vida. Tengo el derecho a decidir eso (o a vestirme como me dé la gana), exactamente igual que usted y que todos los demás.