Leo una entrevista realizada al denominado ministro de la presidencia, Néstor Martínez, que, frente al tema de la "inestabilidad jurídica" rampante (es decir, la inseguridad jurídica de este país de escasa justicia) se va a concretar, el próximo año, una estrategia que a primera vista parece conveniente, pero cuyos efectos no están muy claros todavía. Veamos.
Es un hecho notorio que Colombia no tiene un sistema jurídico eficiente: producto de cada importación legal que se hace sobre lo que está de moda en el mundo, de los aportes que algunos congresistas quieren hacernos para que los recordemos, de las iniciativas de los que ocupan sucedáneamente cargos provistos con una excesiva iniciativa legislativa, del desorden calculado para la huérfana cosa del pueblo, existe una maraña normativa en la que se combinan malamente casi todas las áreas de la vida en sociedad a través de miles de leyes (veinte mil, dice el ministro) de las que ni siquiera se tiene certeza absoluta de su existencia (lo que genera una suerte de bloqueo paradójico que Martínez denomina "anomia jurídica", y que a mí me suena más a anemia).
Parece increíble, pero hay tantas leyes en Colombia, y decretos que las reglamentan, que no es nada raro que se descubran contradicciones groseras entre lo ordenado en unas, otras, y otras: todas, las más de las veces, de la misma especialidad de una particular jurisdicción, con problemas de validez temporal de por medio, y, como si fuera poco, con confusas atribuciones de competencia colgadas allí en parágrafos indebidos, por tratarse de normas sustantivas y no de procedimiento.
No saber qué norma es la verdaderamente aplicable a un caso concreto (a pesar de que esa sea de las finalidades últimas del proceso judicial), es una de las circunstancias que no permiten que impere un verdadero Estado surgido del derecho. Pues, ¿cómo hablar de sujeción a la ley por parte de todos, si no todos están en posibilidad de conocer el derecho vigente y aplicable? Ese es un escenario apetecible para la corrupción de todo tipo.
La propuesta del gobierno es interesante, pero nada más que eso, por ahora. El ministro Martínez advierte sobre la expedición de dieciséis "decretos reglamentarios únicos" para enero de 2015, en superlativo ejercicio de la potestad reglamentaria del ejecutivo.
Afirma que se trata de algo sin precedentes, y que el trabajo ya está muy adelantado. Además, informa que, como resultado de esa labor de "simplificación, racionalización y compilación" no habrá otras normas reglamentarias. Santos retoma, así, la confección del digesto colombiano (al menos desde su propia órbita de acción), que empezó hace cuatro años. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cómo se va a hacer esto debidamente? No estoy sugiriendo que deba socializarse el contenido de toda la normativa por organizar, pues ello implicaría una segura paralización; simplemente pienso que sería mejor que se les comunicaran a los ciudadanos los impactos que la nueva reglamentación tendrá en su vida diaria.
De no hacerse así, la labor podría terminar en una nueva, cíclica, encriptación del derecho -una anomia jurídica distinta, aunque igual de perjudicial-, que tan bien les va a los abogados monopolizadores de los derechos de la gente, pero que no sirve en una sociedad con aspiraciones democráticas. Las formas de hacer justicia deben ser ampliamente difundidas, ahora y siempre. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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