El 39,8% de la población colombiana vive en la pobreza y nuestra desigualdad medida con el GINI es del 0,52. Aunque hemos avanzado -en el 2000 la pobreza estaba por encima del 50% y la desigualdad arriba del 0,57-, es innegable que el país necesita avanzar en equidad.
¿Seremos más equitativos creando un nuevo ministerio? El gobierno Petro afirma que con la creación de un nuevo ministerio con el nombre de “igualdad” la voz de los “excluidos” será escuchada.
Tengo la impresión contraria. La solución de la desigualdad no es crear puestos públicos de altos salarios en Bogotá. Lo que necesitamos es que los recursos lleguen a las regiones con más inversión, más acceso a servicios públicos, más vías terciarias, mejoras de productividad de los cultivos. Un Gobierno que maneja un Estado con un déficit fiscal por encima de los 60 billones de pesos y una deuda externa cerca al 60% del PIB debe tener criterios claros para priorizar su gasto.
Así las cosas, ¿burocracia o inversión?
Supongamos que el Ministerio de la Igualdad cueste lo mismo que el de Cultura, unos 702 mil millones de pesos al año. Con este dinero podríamos pagar Ingreso Solidario por todo un año a cerca de 200 mil familias. Esto sí sería un avance en equidad. Crear mil cargos en Bogotá no generará ese efecto.
El Estado hoy cuenta con más de 1,3 millones de servidores públicos: 910 mil están en la rama ejecutiva. Pero el gobierno del cambio, en eso también quiere cambiar. Van en una escalada frenética de cargos.
Nuevos cargos en la Dian unos 6mil, en el ICBF otros 6 mil, en el Servicio Social para la Paz que costará 200 mil millones y nuevos cargos en la Registraduría de los que no hay reporte ni de número ni de costo. Toda una nueva jurisdicción para el tema agrícola, que incluye altos magistrados con altísimos sueldos, y todos los jueces y magistrados de tribunales. A esto se le suman los cargos de la Fiscalía, 8 mil que nos costarán un billón al año, los cargos de los nuevos 100 mil gestores de paz que ganaran un millón de pesos, y nos costarán otro billón 200 mil millones.
Así las cosas, los gastos de personal que le costaron al Estado 1,5 billones de pesos en el 2022, pasarán a costar en el 2023, unos 3,8 billones de pesos. Cabe recordar que en la discusión del presupuesto el Gobierno le adicionó 4,6 billones de pesos al MinHacienda. Están despilfarrando el dinero del Estado creando cargos para sus amigos.
La Corte Constitucional ha establecido que los proyectos de ley deben tener concepto fiscal. El proyecto de Ministerio de la Igualdad no tiene establecido un valor específico sobre cuánto le costaría al Estado. No hay información disponible para determinar su valor, entre otras cosas porque aún el propio gobierno no tiene definido su diseño. Nadie sabe aún cuántos funcionarios, ni cuáles funciones de qué instituciones… Aún no se sabe nada. Y es una constante, porque tampoco saben las funciones de la jurisdicción agraria, ni su dimensión, ni es clara su utilidad. Radican ese proyecto y al mismo tiempo otro para quitarle el carácter judicial a muchos temas agrarios y volverlos todos administrativos. En fin… improvisan, pero gastan y gastan en burocracia.
El proyecto del MinIgualdad le otorga facultades extraordinarias al presidente Petro para reestructurar entidades del Estado que no son precisas ni determinadas, pues he dicho que aún no saben ni para qué ni cómo. ¿Acabará el Departamento de Prosperidad Social? ¿Se tomará el ICBF?