Desde la posesión del presidente Gustavo Petro, hace días, hemos visto muchos anuncios. Tantos, que es difícil hablar con profundidad de todos ellos. Pareciera que improvisan, en muchos casos.
Se describen políticas públicas con la simpleza de quien opina, sin profundidad ni rigor. No se sabe aún hacia dónde vamos, la incertidumbre en casi todos los sectores se mantiene, y si algo, empieza a aclararse es un camino oscuro, en muchos sentidos, inconducente.
El anunció más importante es la paz total, aquella que reclamaba el terrorista Iván Márquez. Consiste en una “nueva política” sobre los violentos. Tiene dos tipos de contenidos, unos contra las Fuerzas Armadas de Colombia y otros para los criminales. Para las Fuerzas han sido 30 días de solo destrucción: más de 70 generales dados de baja ¿Cuánto pierden nuestras fuerzas? ¿Cuánto nos tomará volver a tener profesionales con esa experiencia? ¿Cuál será el impacto sobre la seguridad de los colombianos? Pero no paró ahí. Se anunció que habrá anotaciones sobre las hojas de vida de los oficiales que no logren evitar las acciones de los criminales. Se les ha tratado de violadores de DD.HH. y así se difundió en los colegios con la “Comisión de la Verdad”. Se les ordenó restablecer relaciones militares con el ejército de Venezuela (vinculado al cartel de los soles).
Por el otro lado, buenos anuncios para los criminales. No habrá extradición, no habrá bombardeo de campamentos, no habrá erradicación con glifosato, ni erradicación forzosa, se levantarán las órdenes de captura. Se les ofrece a todos, negociación. Con los beneficios de la negociación política al Eln; ya no con sometimiento sino con acogimiento, a los grupos armados que van desde las disidencias de las Farc hasta el Clan del Golfo. Negociación también con las estructuras que empiezan con la Oficina y todas sus bandas, hasta no sabemos qué tipo de banda criminal. Para todos habrá beneficios, aún sin especificar.
No hay ni un solo anuncio en política social. Nada que beneficie a los colombianos de a pie. Es más, aún no han dicho para que son los 25 billones de pesos que buscan recaudar en la reforma tributaria. No quiero crear suspicacias, pero ¿será que también son para los bandidos, y no para los ciudadanos y por eso no lo dicen?
Una coletilla sobre el Eln: el gobierno le ha ofrecido al Eln una negociación otorgándole trato político. En mi opinión, no lo puede tener. No comparto el concepto de delito político que tenemos en Colombia, mediante el cual se justifica la violencia por razones políticas y, sobre todo, porque una vez elegido Petro como Presidente, la insurgencia del Eln desaparece de manera automática. El Eln manifestó su apoyo a Petro, pero lo más importante compartió con él la lucha insurgente; la victoria democrática de Petro cambia el escenario político.
La Corte Suprema sobre la ley de Justicia y Paz en el 2005 estableció que los paramilitares no podían tener trato político porque estaban del lado del Estado y no pretendían derrocarlo o perturbar su funcionamiento: “..debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente… pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente”. Entendiendo, así, como el régimen constitucional y legal al Estado colombiano. El ELN ya no está contra el régimen constitucional y legal del Estado colombiano; y por lo tanto no podrá entenderse como delito político sus crímenes. El Eln ya no es ahora un grupo guerrillero; es más bien, un grupo paramilitar.