Ambas iniciativas estuvieron condenadas al fracaso por la tozudez de una clase política que ni rajaba ni prestaba el hacha.
1991 fue el año del “revolcón”, que fue como lo catalogó el entonces presidente de la República Cesar Gaviria, elegido tras el aleve asesinato de tres aspirantes al solio de los presidentes: Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica; Carlos Pizarro León Gómez, del desmovilizado M-19, y Luis Carlos Galán Sarmiento, quien acaudillaba el Nuevo liberalismo, una disidencia del Partido Liberal Colombiano y quien se perfilaba como el más seguro triunfador en la contienda por la Presidencia en mayo de 1990.
El país por aquellas calendas más parecía una olla a presión a punto de estallar a falta de la válvula que limita la presión a su interior, en momentos en los que el narcotráfico y los narcotraficantes desataron una ofensiva contra el Estado y este estaba contra la pared.
Primero fue el presidente Alfonso López Michelsen quien intentó, mediante la convocatoria de una “pequeña Constituyente” (1976), encontrar una salida a esta encrucijada y posteriormente el presidente Virgilio Barco propuso una consulta popular (1988) con el mismo propósito.
Pero ambas iniciativas estuvieron condenadas al fracaso por la tozudez de una clase política que ni rajaba ni prestaba el hacha.
La tercera fue la vencida. Después de los intentos frustrados de López y Barco, este último le dejó allanado el camino a su sucesor, César Gaviria, al emitir el Decreto-ley 927 el 3 de mayo de 1990, autorizando a la Registraduría el escrutinio de la llamada “séptima papeleta”, que proponía la “convocatoria de una Asamblea Constitucional” para introducir reformas sustanciales a la desueta Constitución inspirada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.
De esta manera se refrendó el paso que había dado el Comité promotor al depositar en las urnas en las elecciones al Congreso de la República, del 11 de marzo de 1990, una papeleta.
En efecto, concomitantemente con la elección de César Gaviria como presidente, en las elecciones del 27 de mayo de 1990, se le dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea Constitucional.
Vale la pena aclarar que mientras los promotores de la “séptima papeleta” abogaban por una Asamblea Constituyente, para abrogar la Constitución vigente desde 1886, lo que previó el Decreto 927 y la propia “papeleta” que se depositó en las urnas fue la convocatoria de una Asamblea Constitucional para su reforma.
No obstante, como se recordará, los delegados a la Asamblea Constitucional, convocada mediante el decreto 1926 de 1990, se declararon omnímodos y la Corte Suprema, que ya había convalidado su convocatoria, terminó dándole la razón y así la Asamblea Constitucional devino en Asamblea Constituyente.
De este modo se gestó la nueva Constitución Política de 1991, la que cumplió el año anterior sus primeros 30 años de vigencia, con más de 50 reformas, la mayoría de ellas regresivas y ajenas al espíritu de la Constituyente, que quiso darle al país una carta de navegación que permitiera corregir el errático rumbo que traía.