La captura de uno de los peores criminales que ha generado el narcotráfico es sin duda motivo de congratulación para las Fuerzas Armadas. El resultado debería en principio alegrar al país. Son miles los ciudadanos sometidos, asesinados, vejados, desplazados, por el llamado “Clan del Golfo”. Son miles de millones de dólares dedicados a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, a la compra de políticos y autoridades. Sin embargo, empieza a desvanecerse la ilusión de que semejante bandido pague por sus delitos, restituya los bienes obtenidos con sus actividades ilícitas y repare a sus víctimas en Colombia.
El gobierno ha anunciado que procederá con la extradición express del capo del “Clan del Golfo” hacia los Estados Unidos para que pague por crímenes relacionados con el narcotráfico. Como todo país que respete las prácticas de la justicia universal, cuando sus ciudadanos cometan crímenes en otras jurisdicciones Colombia tiene el deber de cooperar para que sean juzgados por esos delitos. Aun así, es una frustración para el país y una afrenta para la sociedad que la extradición le sirva a este siniestro personaje para escapar sus obligaciones con la justicia colombiana y con nuestros compatriotas víctimas de sus atrocidades. La extradición no puede ser sinónimo de impunidad.
“Otoniel” debe pagar por sus delitos en otras jurisdicciones, pero primero tiene que cumplir entregando información sobre sus cómplices, sus colaboradores en la política y el Estado, aportando pruebas y entregando bienes aquí en Colombia. A este capo no se le puede enviar a las carreras para que coopere con la justicia de los Estados Unidos, recibiendo por ello condenas “light” y jugosos beneficios. No puede ser que expongamos a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y policías, para que luego la codiciada presa sea entregada prontamente a la justicia estadounidense. Además, surge la duda justificada de si en este caso extraditar no es una forma de silenciar.
El gobierno no debe extraditar a “Otoniel” hasta que no se garantice primero su colaboración con la justicia colombiana y hasta que los Estados Unidos asuma formalmente el compromiso de entregar toda, sin excepciones, la información, las pruebas, las declaraciones, la evidencia que se obtenga mediante los acuerdos que se hagan con este criminal. Además, que los bienes que entregue o se descubran no vayan a parar a manos de la D.E.A. sin primero compensar a las víctimas en Colombia.