Esta semana, el gobierno de Estados Unidos reconoció no solo el compromiso, sino el esfuerzo del presidente Iván Duque y de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el narcotráfico, un enemigo transnacional.
La certificación en la lucha contra las drogas otorgada por ese país es un espaldarazo que reafirma que la hoja de ruta para combatir los cultivos ilícitos, gasolina de la criminalidad, ha sido efectiva; tanto que, en los primeros cuatro meses de esta administración (7 agosto a diciembre 2018), fue revertida la tendencia de crecimiento de cultivos de coca que se mantuvo durante cinco años.
Para este gobierno el narcotráfico es una amenaza contra la seguridad nacional, por ende, las capacidades para combatirlo han sido fortalecidas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa duplicó la capacidad de erradicación manual, pasando de 23 Grupos Móviles de Erradicación -GME- en 2018 a 196 grupos en marzo de 2020. Un gran logro. En esa línea también destaco el fortalecimiento de los pelotones dedicados a la erradicación. Para 2018 había 23, mientras que para marzo de 2020 eran 302, incremento del 504%.
La ofensiva contra el narcotráfico está desplegada en todo el territorio nacional; sin embargo, Nariño, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Meta, son departamentos de especial atención por ser considerados como enclaves productivos de esta economía ilegal.
Son tan importantes los avances de este despliegue operacional que en solo 29 meses de implementada la política del presidente Iván Duque, la erradicación alcanzó las 255.276 hectáreas, lo que representó un incremento del 110%, respecto a lo erradicado entre el 7 de agosto de 2014 y el 6 de agosto de 2018, (gobierno Santos), cuando la cifra fue de 121.573 has.
La certificación de Estados Unidos también puso sobre la mesa la urgencia de retomar la aspersión aérea, una herramienta única en el arsenal del gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos. Recordemos que la fumigación fue suspendida en 2014 en Colombia, respaldada por una decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al incluir el glifosato en la lista de herbicidas que podía ocasionar cáncer, sin que fuera una evidencia contundente, y a una decisión de la Corte Constitucional (T-236 de 2017) que condicionó la aspersión por supuestos riesgos para la salud y el medio ambiente.
El crecimiento de los cultivos de coca y la criminalidad asociada al narcotráfico exige acelerar la erradicación de las cerca de 200.000 hectáreas sembradas. Por ello, el Ministerio de Justicia ya expidió un borrador de Decreto sobre cómo funcionaría la aspersión. Tras analizarlo considero importante que sea la Policía Antinarcóticos la encargada de llevar a cabo la operación, de la cual rendirá informes mensuales sobre avances y posibles impactos negativos en la población o el medio ambiente.
Las aeronaves serán tripuladas para lograr mayor precisión; la aspersión no será ejecutada en áreas protegidas como Parques Naturales Nacionales, ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y manglares, cuerpos de agua y centros poblados; habrá seguimiento estricto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y del Instituto Nacional de Salud (INS).
Igualmente, será habilitado un canal de quejas para la comunidad y en caso de presentarse daños en la infraestructura de viviendas, el hogar accederá a un subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento, el cual será asignado por una sola vez, salvo que se comprueben nuevas afectaciones derivadas del mismo programa de aspersión.
Si queremos cerrarle el grifo a la renta del narcotráfico urge reanudar la aspersión, no podemos esperar más tiempo y menos seguir arriesgando la vida de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, quienes en cumplimiento de la erradicación de cultivos han muerto o resultado gravemente afectados por las trampas mortales sembradas por los criminales para custodiar estas plantaciones ilegales. Solo en 2020 murieron 14 policías y otros 85 resultaron heridos; mientras que en lo que va corrido de 2021, el saldo es de siete uniformados lesionados. Algo que a toda luz se puede evitar.
Colombia tiene una capacidad operacional reconocida internacionalmente y eso se refleja en las cifras de interdicción, pero no es suficiente. Solo para dar un par de cifras: entre 7 de agosto de 2018 y 24 de diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas incautaron 1.091 toneladas de cocaína (18% más que en 2020); 546.7 ton de hoja de coca; 63.6 ton de base de cocaína y 534.5 ton de marihuana. A esto se suma la desarticulación de 35 estructuras dedicadas a esta práctica ilegal; captura de 23 cabecillas, 21 extinciones de dominio y 193 neutralizaciones de objetivos de alto valor.
Urge atacar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, combustible de las economías ilegales que financian las organizaciones criminales que generan violencia, se adueñan de territorios y destruyen la naturaleza. Esta certificación de EE. UU. es un buen espaldarazo para reanudar la aspersión aérea y fortalecer la erradicación, ambas serán clave en la lucha contra las drogas.