Una decisión politizada alejó del Congreso de la República al mejor senador de Colombia. Un hombre con visión sobre el futuro del país y sus retos, así como con capacidad para leer y comprender los anhelos y preocupaciones ciudadanos. Siempre firme ha enfrentado los golpes de sus adversarios, y de frente y con argumentos los ha confrontado.
Álvaro Uribe está hoy cobijado con una medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, sin duda un golpe bien asestado por sus detractores, esos que hoy ya no solo están en las filas guerrilleras, paramilitares y en las tribunas de la izquierda en el Congreso, sino tristemente en la Justicia. Ella que es la llamada a actuar con rectitud y verdad, sin sesgos políticos, se ha visto degradada desde hace varios años por un grupo de sus miembros, hasta poner en riesgo el respeto por los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
Para los magistrados de la sala de Instrucción parece haber quedado atrás el artículo 29 de la Constitución, que garantiza a todo ciudadano el debido proceso y la presunción de inocencia; y peor aún, parece que los magistrados perdieron el sentido de la objetividad, pasando de tomar decisiones con base en argumentos sólidos y material probatorio contundente, a hacerlo orientados por sus intereses. Se marginaron de ese principio fundamental de la imparcialidad que exige actuar sin apasionamientos políticos.
Tristemente la pérdida de la ética de muchos en el ejercicio de un poder tan importante para la democracia como la justicia, lleva a que en la actualidad el sistema judicial colombiano tenga una desfavorabilidad del 84%, y que solo el 16.1% de los mayores de 18 años confíe en los jueces y magistrados. Un panorama desalentador para quienes exigimos justicia, verdad y no impunidad.
Si bien la persecución contra el expresidente Uribe no es nueva, sí sorprendió la falta de coherencia en la aplicación de las normas bajo las que actúan algunos en la justicia colombiana. Parte de las ‘pruebas’ en contra de Uribe son las más de 21 mil interceptaciones ilegales, autorizadas sin orden judicial por el exmagistrado José Luis Barceló, muchas de ellas conversaciones propias de abogado – cliente, relación que también fue violada al vincularla al expediente. Pero además la filtración del expediente ha sido parcial y amañada. A ello se suma el haber existido relación laboral del magistrado del caso, César Reyes, con la esposa del senador Iván Cepeda, principal artífice de este entramado de mentiras y ataques contra Uribe, y su principal detractor. Y para rematar, dicho magistrado no informó que tuvo un contrato de $575 millones con el gobierno anterior para asesorar en unos temas relacionados con el acuerdo FARC-Santos.
Es indignante ver que el que está encerrado como si fuera el peor de los criminales sea Álvaro Uribe; la voz que advirtió la impunidad de la que gozarían las Farc con el ‘acuerdo’, el principal detractor de la alianza Santos- Farc, el que advirtió que la JEP sería un tribunal montado para exculpar a guerrilleros y atacar a nuestros policías y militares, y el líder del NO en el plebiscito. Mientras que el narcoterrorista Jesús Santrich, obtuvo del alto tribunal el pasaporte directo para fugarse del país y burlar descaradamente a la justicia. Esto es lo absurdo y reprochable, y muestra con preocupación el camino que viene recorriendo nuestra justicia, de acabar con aquellos que defendemos las instituciones democráticas y no nos arrodillamos a los cantos de sirena de la izquierda y sus secuaces.
Con Uribe preso ganaron un round en la justicia, pero no en la ciudadanía, que conoce la verdadera intención de la decisión, que es aniquilar moral y políticamente al presidente Uribe. Su caso, sin duda, es un campanazo de alerta para tantos líderes que nos oponemos a las alianzas maquiavélicas entre algunos de la izquierda y los criminales.
Colombia necesita con urgencia una reforma a la justicia, una que nos lleve a todos los colombianos a recuperar la confianza en el sistema, que garantice efectividad y celeridad en el acceso y resultados, que respete el debido proceso y la presunción de inocencia, y que no sea ni fortín ni trampolín político para sus miembros. Estoy convencida que la mejor propuesta es la de tener una Corte única, con magistrados íntegros que provengan de la academia, la rama y el ejercicio profesional, y que accedan a ella luego de un proceso serio y reglado de oposición. Bien afirmaba el Libertador Simón Bolívar: ‘El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad’, pero en Colombia estamos perdiendo ambas.