Uno de los cargos más importantes en Colombia es el de Procurador General de la Nación. A este órgano de control llega por primera vez en la historia del país una mujer: Margarita Cabello Blanco, oriunda del Caribe. Abogada, con una larga trayectoria en la rama judicial, donde ha escalado uno a uno todos los peldaños de la carrera, desde juez Penal Municipal de Sabanalarga, juez de Menores y Civil del Circuito de Barranquilla, magistrada del Tribunal Superior de la capital del Atlántico, y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la cual presidió en el 2016.
En los últimos 15 meses estuvo al frente del Ministerio de Justicia, logrando impulsar seis proyectos de ley en el Congreso de la República. Vale la pena destacar la reforma a los consultorios jurídicos, para fortalecer su función social; el de digitalización de expedientes y otras decisiones de la justicia, y un proyecto para avanzar en la lucha contra las drogas denominado ‘Ruta Futuro’, buscando frenar la gasolina del crimen y la violencia en nuestro país.
EL Covid-19 golpeó duramente al sector carcelario. Ella, como ministra, para minimizar el foco de contagio y hacinamiento en los establecimientos de reclusión, impulsó la excarcelación de presos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, y reclusos con enfermedades crónicas, durante máximo seis meses y bajo medida de detención domiciliaria. Igualmente trabajó para ofrecer la mejor atención a los contagiados en los diferentes centros penitenciarios.
El Ministerio Público es fundamental no sólo para la lucha contra la corrupción sino para asegurar la eficacia en el cumplimiento de las políticas públicas en las instancias estatales. Quiero resaltar tres desafíos que tendrá la nueva procuradora cuando asuma el cargo. Primero persuadir, desincentivar y sancionar la corrupción en las entidades oficiales, en especial a nivel local, que se estima le cuesta al país cerca de $50 billones al año, y que golpea con dureza a sectores estratégicos para el bienestar ciudadano como la salud y la educación. Duele como se roban la plata para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o que continúen los carteles de sobrecostos de medicamentos y de servicios de salud. Pero duele más cuando por vencimiento de términos o dilación en la toma de decisiones de las procuradurías regionales, no sancionan o quedan libres los ‘peces gordos’ de la corrupción.
El segundo reto que enfrentará será lograr una mayor eficiencia en el respeto por las normas ambientales y la generación de conciencia en los funcionarios públicos de la preservación y conservación de los ecosistemas. Igualmente, ser más efectivos en vigilar las acciones y decisiones de dichos funcionarios. Con la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de frenar el alcance de la Procuraduría para investigar y sancionar a aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, enfrentará la urgencia de proponer reformas al quehacer de la institución, para que los elegidos no terminen sin quien los ronde, abriendo la posibilidad a la corrupción y al autoritarismo.
Colombia tiene diferentes problemáticas que la nueva procuradora tendrá que manejar con guante blanco. Homicidios de líderes sociales, desplazamientos y asesinatos colectivos que deben estar en su radar. Pero a eso también se sumará el promover y consolidar el acceso oportuno de los ciudadanos a un sistema de justicia que no solo de garantías, sino que resuelva de manera efectiva sus requerimientos, sin dar tregua a la impunidad.
La pandemia tampoco será ajena a su administración. Si bien para la fecha de su posesión esperamos haber librado la batalla contra el Covid-19, llegará la hora de hacer un balance para evaluar el manejo de la emergencia, por ejemplo, en la compra de bienes o servicios con supuestos “sobrecostos” en los entes territoriales, así como la distribución adecuada de los recursos que destinó el Estado para la atención y prevención del virus. Pero sin duda, será también la gran oportunidad para que desde la Procuraduría se atienda de cerca el cierre de brechas laborales, sociales y productivas para las mujeres.
Margarita Cabello tiene todas las cualidades personales y profesionales para dirigir la Procuraduría General de la Nación; su trayectoria y posturas en materia de justicia, son garantía de que su gestión será honorable, apegada a la Ley, y sin ambiciones políticas posteriores. Ya era hora de tener una mujer Procuradora como la hubo en la Contraloría y en la Fiscalía General. Estoy segura de que dejará huella. Que Dios la ilumine y mantenga atenta y firme para defender la institucionalidad colombiana.