Este fin de semana, mis redes sociales estuvieron altamente cargadas de contenido político.Dos de estos episodios me parecieron tan particulares, que hicieron mérito para escribir esta columna. El primero está relacionado con una sesión del concejo de santa marta, en la que varios concejales manifiestan su inconformidad con respecto a los activos entregados por la concesión de alumbrado público.
La duda de esta persona me llevó a consultar la constitución política de Colombia, para entender la función de los concejos municipales. Nuestra carta magna es muy clara en ese aspecto y en sus artículos 312 y 313 del capítulo 3 del título XI, nos refiere una información muy precisa, que sirve para entender –por lo menos groso modo– cuál es la labor del concejo y sus concejales. En general, dice que deben hacer control político sobre la administración pública y les da competencias para reglamentar, adoptar planes, expedir presupuesto, determinar la estructura y funcionamiento de la administración distrital, reglamentar el uso del suelo, dictar normas para preservar el medio ambiente, en fin, una cantidad de herramientas para contribuir con la consolidación de una sociedad balanceada y justa en todos sus aspectos.
Luego de esta revisión, concluí que la constitución Colombiana entrega a los concejales una variedad de competencias, para ejercer desde la comodidad de su escritorio. Desde esta perspectiva, me atrevo a definirlos como ejecutivos de alto nivel del distrito. Dicho lo anterior, considero que deberían contribuir con el direccionamiento de la ciudad mediante estrategias aterrizadas en la reglamentación, adopción de planes, expedición del presupuesto, manejo de recursos, entre otras. Sin embargo, luego de verlos sesionar no quedo a gusto con la forma en que los cabildantes asumen su responsabilidad. En esa sesión del concejo, vi a un grupo de personas contando su experiencia y dando su opinión, para llegar al mismo punto pero con otras palabras. Las opiniones y experiencias son de gran importancia, pero considero que es más relevante definir actividades, responsables y fechas, para que la inconformidad tenga algún impacto al terminar la sesión. Si las quejas e inconformidades no son respaldadas por acciones, no pasarán de ser una simple pataleta.
Este tipo de situación, en la que las reuniones no son productivas, no es extraña en el mundo corporativo. En una de las empresas en las que trabajé, atravesamos por el mismo problema y fue necesario llamar a un experto para que nos colaborara con el asunto. Luego de la intervención del especialista, comenzamos a seguir un sencillo protocolo para lograr desarrollar reuniones efectivas. El ejercicio fue muy sencillo, el responsable del tema debe definir los motivos principales por los cuales es necesario la reunión y antes de la misma, enviar un plan de desarrollo a los invitados. Al iniciar la reunión se ocupan los primeros minutos para aclarar los puntos fundamentales y durante su desarrollo, se procura atender solo los temas definidos en la agenda y que nadie se apodere de la reunión. Al final del encuentro se hace un resumen que incluya lo comentado, los compromisos con sus respectivos responsables y se aclaran dudas.
Las empresas públicas de nuestros días, están llamadas a sumergirse e interiorizar los modelos actuales de administración efectiva, para dar resultados oportunos. Hoy en día, podemos hablar de empresas públicas como E.P.M, Colpensiones, entre otras, que han roto los esquemas tradicionales de la administración pública, para brindar resultados sorprendentes. El ser una empresa de carácter publica, no es justificación para la obsolescencia. Esta pequeña investigación me dejó una enseñanza digna de transmitir. Un concejo municipal que trabaje en contra del plan de gobierno de un alcalde, es el peor enemigo de su gestión, Pero un concejo inoperante, ineficaz e ineficiente, es su muerte.