“¿Qué es un cínico? Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada.” Óscar Wilde.Hace ya cierto tiempo, leyendo noticias encontré unas referentes a las denuncias presentadas en Brasil contra el presidente Michel Temer y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Me llamó poderosamente la atención la razón por la cual se encuentran investigados y en el caso del expresidente Lula da Silva, condenado y detenido: la corrupción pasiva.
Es así como los principales ejecutivos de la constructora Odebrecht aseguraron que habían negociado con el presidente Temer la entrega de 10 millones de reales (3 millones de dólares) para financiar a su partido político.En referencia al caso del exmandatario Lula da Silva, quien se encuentra detenido por haber sido beneficiario de una operación en la que intervino Petrobras manipulando licitaciones. El juez Sergio Moro lo acusó de recibir un millón de dólares para la reforma de una vivienda de su propiedad a cambio de favorecer a una constructora (OAS) con contratos durante su gestión.Ahora bien, aterrizando en nuestra realidad vale la pena analizar lo sucedido en el pasado gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, sobre los casos que más llamaron la atención y que despiertan grandes debates en materia de posibles situaciones de corrupción.
El primer caso es el de la “mermelada”, la cual consistía en la asignación de millonarios recursos del presupuesto nacional a aquellos congresistas que apoyaban al gobierno, cuyo destino final eran contratos para obras en las regiones. Cabe agregar que este tipo de contratos financian obras que probablemente no se culminan o terminan mal, como por ejemplo, el contrato de concesión 005 de Junio de 2015 para la construcción, operación y mantenimiento de la doble calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores por 5,09 billones de pesos.Por otra parte, no podemos olvidar el caso de la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), cuyo proyecto debió finalizar en el 2012, pero se extendió hasta el 2015 con adiciones en recursos (presupuestales) que, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, generaron una feria de contratos que el mismo contralor Maya definió como “el mayor desfalco de la historia de Colombia”. Para no extenderme el presupuesto de la obra pasó de 3.993 millones de dólares a 8.016 millones de dólares reflejando un sobrecosto del 101%.
Seguidamente encontramos el caso del Fondo Colombia en Paz, en el cual la denuncia la realizaron los propios contratistas quienes informaron que fueron objetos de retenciones irregulares en la fuente que alcanzaron hasta el 26%. En éste punto no podemos perder de vista la red de intermediarios, encabezados por Marlon Marín quien manejaba porcentajes entre el 15 y el 20% para la asignación de los contratos en la implementación del acuerdo con las Farc. Resulta oportuno mencionar el caso de Fonade (relacionado con el de la “mermelada”) entidad que se encarga de asignar contratos para el fomento y desarrollo de nuestro país, en la cual funcionaba una organización que beneficiaba a contratistas que habrían pagado millonarias comisiones a excongresistas para ser los elegidos. Fonade tristemente convertida en un fortín político del pasado gobierno.Finalmente me faltaron líneas para analizar casos como, los carteles de la alimentación de los escolares, la hemofilia, el sida; Sena, Invías, Saludcoop, Odebrecht, etc. Por todo lo anterior el gobierno Santos dejó la sensación en los colombianos de ser el gobierno más corrupto en los últimos 24 años. ¿Nos quedaríamos cortos?