El "Ñemby Ñemuha", en guaraní, o "Mercosur", o Mercado Común del Sur, nació en 1991 en Asunción, Paraguay, como un gran intento de apoyo regional, teniendo como propósito fundamental propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional, con rostro humano, como siempre lo enfatizaron sus fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Hoy el grupo territorialmente abarca 15 millones de Km 2, y 295 millones de habitantes, convirtiéndose según los analistas, en el 4o. bloque más importante del mundo.
No en vano, dos de sus miembros fundadores lo son también del exclusivo G-20.
Como un componente fundamental del funcionamiento del bloque, se determinó la estricta sujeción de sus integrantes, a la llamada Carta Democrática o Protocolo de Ushuaia, que equivale en el fondo, a una prohibición expresa de afiliación de Estados en los que estén comprometidos los derechos humanos y las garantías ciudadanas.
Por mucho tiempo, Venezuela, con la "revolución humanitaria", o de "chequera rota", de los tiempos de Chávez, pasó de "agache", todo le era permitido. Pero cuando se inició la debacle, también comenzó a ser un socio incómodo, menos por el malestar de sus compañeros de bloque, que por sus propias falencias, que la tiene al borde de la exclusión, y desprovista, o por lo menos, imposibilitada de hecho para ocupar la presidencia temporal del grupo.
Pero lo peor sería que fuera "suspendida", como miembro activo, relegada a "miembro asociado", como Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, entre otros, si es que no aprueba aproximadamente 300 normas que debe incorporar a su legislación interna, entre ellas precisamente, el "Protocolo sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Mercosur", para lo cual tenía un plazo inicial hasta el 16 de agosto pasado, ampliado, como última prórroga, hasta el 1o. de diciembre del presente año. Circunstancia poco probable, ya que dichos protocolos deben ser inicialmente aprobados por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, desconocida por el gobierno, y cuyos actos han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia, de exclusivo resorte de Maduro. El primer retén lo pasaría, el segundo no.
Así que Venezuela no atenderá el ultimátum y es probable que voluntariamente abandone la asociación, para no exponerse a un mayor desgaste internacional, pues además de esas motivaciones de orden político, relacionadas con la garantía y protección de los derechos humanos, existen otras situaciones de naturaleza económica como la dificultad para avanzar en algunas negociaciones pendientes con la EuroZona, para concluir un tratado de libre comercio, de lo que se responsabiliza al gobierno del socialismo siglo XXI, renuente, como se ha dicho, a aconductarse a las decisiones del órgano regional. Y como si fuera poco el gobierno de Maduro, no ha querido suscribir el tratado de promoción y derechos humanos firmado por el bloque en 2005.