Desde que comenzó el actual periodo presidencial, no ha habido tranquilidad gubernamental; los escándalos de corrupción han sido “el pan de cada día” sin saberse cuál ha sido el peor, ya que involucran una parte familiar del presidente Gustavo Petro y la otra parte la constituyen amigos del actual gobierno en el poder, que han sido un desastre.
Los más cercanos al círculo presidencial han sido protagonistas de sus escándalos más recientes; sin embargo, uno de los escándalos más sonoros por su desproporcionado robo al país y estafa a los colombianos, es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, considerado el más grave del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las denuncias de la prensa y las investigaciones por el uso de dinero público de la Ungrd para comprar apoyo de congresistas al Gobierno comenzaron en 2024 y han salpicado a exfuncionarios, congresistas y operadores políticos y ha salpicado a personajes corruptos de este gobierno que han pasado por todos los cargos públicos del país, a pesar de las investigaciones en su contra.
Ricardo Bonilla, ex ministro de Hacienda, en la cárcel actualmente, ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Petro desde su etapa como alcalde de Bogotá, cuando fue secretario de Hacienda. En mayo de 2023 el presidente lo llamó nuevamente para que fuera su ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta diciembre de 2024 cuando renunció tras ser salpicado por las denuncias. La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos líderes del entramado de corrupción de la Ungrd, al vincularlo con la adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos a cambio de apoyos legislativos, para aprobar a “pupitrazo” las reformas petristas. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que Bonilla niega y que Petro defiende públicamente.
Otro de los corruptos ministros de Petro es Luis Fernando Velasco; político con larga trayectoria como representante a la Cámara y Senador, fue ministro del Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024, luego de dirigir la Ungrd por un mes, en abril de 2023.
La Fiscalía lo acusó de haber participado desde una posición de liderazgo en la articulación del entramado de corrupción para asegurar mayorías del gobierno en el Congreso; también fue enviado a cárcel preventiva y niega las acusaciones, pero nombró a la actual embajadora en Londres, Laura Sarabia, como la persona que llevó a Olmedo López a la Ungrd.
El ex presidente del Senado entre 2023 y 2024, Iván Name, es uno de los congresistas de más alto perfil implicados en este caso. La Corte Suprema de Justicia ordenó su captura en mayo de este año por presuntamente recibir sobornos con recursos de la Ungrd a cambio de apoyar iniciativas legislativas del Gobierno. Según las investigaciones, habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos, por lo que fue encarcelado mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, cargos, que también niega.
Andrés Calle, otro de los grandes implicados en este entramado de corrupción, es el ex presidente de la Cámara de Representantes en el mismo período que Name y, al igual que Name, fue capturado en mayo, acusado de haber recibido pagos ilegales con dinero de la Ungrd en 2023. Calle está en la cárcel bogotana de La Picota, como Name, y enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación, delitos que también ha rechazado.
En las elecciones de 2010, Olmedo López, fue director de campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, quien lo puso al frente de la Ungrd hasta febrero de 2024 cuando renunció por el escándalo y por su colaboración con la justicia, fue condenado solo a seis años de cárcel.
Como exsubdirector para el Manejo del Riesgo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla, fue el primer funcionario condenado en el escándalo y el que delató a los demás implicados. Este año aceptó un preacuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por concierto para delinquir y peculado por apropiación, tras admitir que participó en contratos amañados y se apropió de ingentes recursos públicos, de los cuales devolvió 618 millones de pesos.
Carlos Ramón González, al igual que el presidente Gustavo Petro, fue guerrillero del M-19; dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI del actual gobierno. La justicia le imputó delitos como cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por supuestamente impartir instrucciones para el pago de coimas con recursos de la Ungrd a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Un tribunal ordenó su captura a mediados de 2025, pero desde entonces se encuentra prófugo de la justicia y tiene circular roja de la Interpol. Vive asilado en Nicaragua donde imágenes recientes lo mostraron en una fiesta, lo que ha causado polémica y solicitudes de investigación por su presencia en actos oficiales en el extranjero.
Y por último, en este listado de uno de los mayores escándalos en el país esta Sandra Ortiz, quien tras ser congresista varias legislaturas por el Partido Verde, fue designada por Petro en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones ya que su nombre apareció en las investigaciones como intermediaria de la red de corrupción para pagar sobornos a congresistas.
Ortiz, que está presa, no aceptó los cargos que se le imputaron en noviembre de 2024, ha negado su responsabilidad y en varias ocasiones ha dicho que existe "una historia que contar" sobre estos hechos, sugiriendo que puede haber más implicados.